En declaraciones a Diariojudicial.com el presidente de la Asociación Civil de Defensa Ciudadana, Fabián Bergenfeld, explicó que el decreto 1375/2004 resulta ”confiscatorio de los aportes de los futuros jubilados acumulados al cabo de diez años”.
Asimismo, explicó que dichos aportes ”ascienden a la suma de 16.200 millones de dólares, acumulados por 9,5 millones de afiliados tras sucesivas compras compulsivas de deuda pública”. Además, agrega que ”el gobierno entregó a las AFJP préstamos con el respaldo del impuesto al cheque para que sus fondos tuvieran garantía en dólares, y por medio de este decreto se pesifica la entrega de bonos de incierto cobro”.
El decreto que entró en vigencia establece como parte del convenio que el Estado suspenderá por 90 días, prorrogables por idéntico plazo, los traspasos de afiliados en el sistema de jubilación privada, a fin de dar tiempo a las administradoras para que estudien si adhieren o no al acuerdo.
Bergenfeld asegura que el decreto del gobierno viola los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, además de ”acordar con las AFJP que puedan disponer y otorgar quitas a los fondos”, con lo cual cree que éstas podrían ser pasibles de acciones por daños y perjuicios. Así en su búsqueda por evitar mayores daños a los ya irrogados a nuestros jubilados, explica que ”lo que se intenta es una medida de no innovar para que la justicia detenga los alcances de este decreto”