La medida la dispuso el juez federal Rodolfo Canicoba Corral a raíz de que la Interpol recibió los pedidos de detención que libró su par español en contra de los ex militares y el civil.
En ese sentido, fue el propio juez argentino el que detalló cómo es la mecánica de este tipo de pedidos cuando comentó que “una vez que es impartida la orden internacional de detención vigente y constatada, se procede “al arresto" de las personas que la justicia requiere”.
Los militares sobre los que pesa el pedido de detención son entre otros, Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera, Guillemro Suárez Mason y Antonio Bussi, quien hace unos día fuera electo intendente en Tucumán, Alfredo Astiz, Luciano Jáuregui, Juan Orlando Rolón y el abogado Gonzalo Dalma Torres de Tolosa, relacionado con los denominados "vuelos de la muerte". Recordemos que muchos de estos ex militares, como por ejemplo Jáuregui, se encuentran detenidos por distintos expedientes que tramitan en la Justicia Federal por robo de bebés durante la dictadura militar, apoderamiento de bienes de desaparecidos, secuestro y tortura de una veintena de montoneros a principios de los 80 o la implementación del denominado Plan Cóndor.
En el pedido que envió Garzón, este juez detalló que de lo actuado se desprendía que en la república Argentina al menos durante todo el año 1975 se produjeron una serie de acontecimientos políticos, sociales y delictivos".
Para el juez español esos hechos determinaron que los distintos responsables militares del Ejército, con la ayuda de las fuerzas policiales y los Servicios de inteligencia y apoyo de grupos de civiles hayan tomado no sólo el poder el país, sino también desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de desaparición y eliminación física de personas".
Recordemos que el tratado de extradición que firmó Argentina con España da la posibilidad de que se mantenga la libertad de los imputados en tanto puedan acreditar su comparecencia, pero voceros judiciales estimaron que muy difícilmente el fiscal Guillermo Marijuan se oponga a lo dispuesto por Canicoba Corral.
Ahora bien el decreto 1581/01 -que desde el gobierno se informó días pasado que iba a ser derogado- impide la extradición de ciudadanos argentinos por delitos cometidos en el país. Así el art. 2 dispone que “El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto rechazará los pedidos de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional”
. Sobre esto, el magistrado detalló que esa norma igualmente permite avanzar en los "pedidos de arresto provisorios", aunque luego la extradición sea rechazada”. Así el art. 3° establece que “Las solicitudes de arresto provisorio se enviarán al juez competente dejando constancia que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto actuará de acuerdo al presente decreto frente a un eventual pedido de extradición.”
El exhorto de Garzón reiteró los pedidos que había formulado en 1999, cuando a la lista se sumaban por entonces Leopoldo Galtieri y Francis Wahamond, ahora fallecidos.
Ahora España tiene un plazo de 30 días para enviar los "recaudos" y toda la documentación necesaria para proseguir con el posible juicio de extradición de los militares.
Por otra parte, y según un comunicado de prensa el Ministro de Defensa, José Pampuro solicitó a los jefes de las tres fuerzas -Fuerza Armadas, Fuerza Aérea y Ejército- que "instrumenten las medidas necesarias con la premura del caso".