El Ombudsman Nacional presentó dos escritos en la sala V del fuero Contencioso Administrativo Federal, ambos de alrededor de 60 carillas, uno referido al decreto 1570/01 y el otro al 1316/02 .
Emilia García fue la magistrada que se pronunció en contra de la medida restrictiva, a raíz de un incidente que presentó Mondino en contra de esa norma en el marco del amparo colectivo que se opone al decreto 1570/01, que también es llevado por esa juez federal.
Mondino consideró, en relación a las normas del PEN mencionadas, que "toda suspensión de garantías constitucionales viola, en forma manifiesta, la forma republicana de gobierno y el principio de división de poderes".
Además, disparó que "si bien la emergencia económica puede justificar mayores restricciones temporarias al derecho de propiedad que las autorizadas en épocas de normalidad es inadmisible su total suspensión”.
Para el Defensor, el Poder judicial "debe controlar que el Poder Ejecutivo permanezca dentro de los lineamientos fijados por la Constitución Nacional” y ello lo tiene que hacer “examinando la razonabilidad del contenido de todas las normas sancionadas".
Al respecto, opinó que “no existe relación entre las restricciones al acceso a la justicia y la aludida emergencia económica" con el cual el Estado justificó la sanción de los decretos cuestionados.
En tanto, manifestó que con las medidas que intenta impugnar "se pretende remarcar un período”, pero, señaló que las mismas resultan “arbitrarias y no razonables” y reflexionó que sin ninguna duda afectan “los intereses de los ahorristas".
También, en las presentaciones se refirió a la legitimad que tiene para representar a los ciudadanos y expresó que “cualquier violación a los derechos de incidencia colectiva en general faculta al Defensor del Pueblo a protegerlos y, en consecuencia, a actuar en nombre y representación de todos y cada uno de los afectados”.
De ese modo, le contestó al Estado Nacional que se había referido sobre su legitimación para representar el recurso y expresó que es “incomprensible” que al Ombudsman se le pretenda desconocer legitimación para intervenir en resguardo de derechos constitucionales.
“La violación a un derecho de incidencia colectiva hace correr un peligro común, que por su generalidad o cantidad de personas afectadas, lesiona no a un individuo (derecho subjetivo) sino a un conglomerado de ellos. El Defensor del Pueblo actúa en nombre de todo ese grupo, aglutinando, en ese carácter y en la representación que invoca, las pretensiones e intereses de cada uno”, destacó Mondino.