El Consejo de la Magistratura trató a contrarreloj diversos concursos y varias denuncias. DiarioJudicial.com publica los nombres de los candidatos de las ternas elevadas al Poder Ejecutivo Nacional. Preocupación por el fuero de la Seguridad Social.
Con la presencia de doce consejeros, el plenario del Consejo de la Magistratura elevó al Poder Ejecutivo este jueves siete ternas para cubrir cargos en la Justicia Nacional y Federal.
El destino: 2 cargos de juez en los Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal 1 y 2 de San Martín; 2 cargos en la Cámara Federal de San Martín; 2 cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa; 13 cargos en los tribunal orales de la Capital Federal; 11 cargos en los tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal; 3 cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos; y 2 cargos de vocal en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Del Plenario participaron el presidente del cuerpo, Luis Cabral, y los consejeros Nicolás Fernández, Oscar Aguad, Mariano Candioti, Diana Conti, Marcelo Fuentes, Miguel Ángel Gálvez, Carlos Kunkel, Héctor Masquelet, Santiago Montaña, Pablo Mosca y Ernesto Sanz. El único ausente fue Luis María Bunge Campos.
Las ternas elevadas al Poder Ejecutivo
Luego de las primeras audiencias públicas y de un breve cuarto intermedio, el pleno del Consejo comenzó el debate sobre los dictámenes en carpeta. Para el concurso 236, que busca cubrir dos cargos de juez en los juzgados en lo Criminal y Correccional Federal 1 y 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, la terna que llegará al Ejecutivo está conformada por Juan Pablo Salas, Néstor Pablo Barral, Alicia Vence, Emiliano Ramón Canicoba y Daniel Omar Gutiérrez.
Los consejeros también emitieron dictamen de aprobación en el concurso 232 que busca cubrir dos cargos en la Cámara Federal de San Martín. Los integrantes de la terna son Alejandro Augusto Castellanos, Alberto Agustín Lugones, Marcelo Darío Fernández, Juan Manuel Yalj, Alberto Daniel Criscuolo, Marcelo Fernando Passero y Juan Pablo Salas.
Asimismo, se aprobaron las ternas para los concursos 235 que busca cubrir dos cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa. Las nóminas elevadas fueron: Rafael Leal, Pablo Alejandro Candisano Mera, Pablo Ramiro Díaz Lacava, Héctor Pedro Plou, Juan Carlos Nacul y Marcos Javier Aguerrido.
Para el concurso 189, que busca cubrir trece cargos en los tribunales orales de la Capital Federal, la terna se integró con los postulantes Ivana Verónica Bloch, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Adrián Paduczak, Inés Cantisani, Domingo Luis Altieri, Ricardo Matías Pinto, Ana Helena Díaz Cano, Pablo Daniel Vega, Gustavo Javier González Ferrari, Patricia Gabriela Mallo, Ricardo Ángel Basilico, Sergio Delgado, Javier Esteban de la Fuente, Jorge Luciano Gorini, Pablo Gustavo Laufer, Daniel Antonio Petrone, Ana Dieta de Herrero, Santiago Quián Zavalía, Guillermo Enrique Friele, Fernando Mario Caunedo, Ernesto Raúl Botto, Walter Antonio Venditti, Manuel Jerónimo Goro Stiaga, María Fernanda Botana, Luis María Rizzi, Ana Silvia Guzzardi y Guillermo Federico Puime.
Para el concurso 244 (once cargos en los tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal) la terna se integró con: Gustavo Jorge Rofrano, Gustavo Javier González Ferrari, Adrián Norberto Martín, Sergio Adrián Paduczak, Julio César Báez, Mariano Luis Berteloti, Ana Helena Díaz Cano, Ricardo Matías Pinto, Ricardo Manuel Rojas, Claudia Beatriz Moscato de Santamaría, Sergio Delgado, Javier Anzoátegui, Darío Martín Medina, Luis María Rizzi, Ignacio Rodríguez Varela, Patricia Gabriela Mallo, Eduardo Carlos Fernández y Federico Marcelo Salvá.
Los consejeros también emitieron dictamen en el concurso 237 que busca cubrir tres cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Los candidatos elevados son: Sandra Irene Iglesias, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, Santiago Inchausti, Pablo Andrés Seró, Diego Velasco y Marco Aurelio Racagni. Los nombres listados en este concurso son destinados a completar la integración de la lista que dispone el artículo 47 del reglamento referente a concursos múltiples.
El último de los dictámenes tratados fue el 55/10. El concurso 251, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, tuvo ciertas complicaciones. La propuesta original listaba: 1º) Gonzalo Segundo Rúa, 2º) Ignacio Rodríguez Varela, 3º) Ricardo Matías Pinto, 4º) Julio Cesar Báez, 5º) Mariano Alberto Scotto y 6º) Inés Cantisani. Pero el consejero y diputado Carlos Kunkel sugirió modificar el orden de mérito, intercambiando el 6º por el 5º lugar. Esto conllevó una larga discusión que concluyó con una votación que quedó empatada 5 a 5. “Se necesitan 7 votos”, recordó el secretario del plenario. Luego de varios intentos infructuosos de votación, se procedió a postergar una semana la resolución sobre el dictamen.
Denuncia desestimada
Tras la aprobación de los dictámenes, los consejeros resolvieron desestimar una denuncia presentada por el diputado Federico Pinedo (PRO) contra el juez Norberto Mario Oyarbide, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5. El dictamen había sido registrado bajo el número 300/10.
Sigue la preocupación sobre Seguridad Social
"Tenemos una situación harto dificultosa en la Justicia de la Seguridad Social. El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), que hace un chequeo trimestral, informó que en el edificio de Marcelo T. de Alvear donde funcionan siete juzgados estaba a un 10% de concretarse la capacidad de resistencia del edificio", comenzó a detallar el presidente del Consejo.
"La Corte le pidió a Highton que visitara el lugar, pero nosotros previamente ya habíamos dispuesto que el espacio contiguo al edificio fuera asignado a la Justicia de Previsión Social para que contase con espacio para los expedientes que están en trámite, aquellos que no se pueden archivar", aclaró Cabral.
Luego, el magistrado aclaró que esto sería una solución circunstancial, porque se estima que en entre 6 y 8 meses la cantidad de expedientes nuevos va a llevar nuevamente a poner todo en esta situación de peligro. "Por esto le pido a la Corte que desaloje el subsuelo de encuadernación para usarlo también con este nuevo objetivo provisorio, como para ir buscando una solución a esta grave situación", concluyó Cabral.