El secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, hizo pública esta medida enfatizando la necesidad de “dar un impulso para la celeridad de los juicios y derribar el muro de impunidad”. Además destacó la intención de que el Congreso lo sancione de forma inmediata, "en 30 o 40 días”. El anuncio fue algo inesperado por haberse hecho en medio del controvertido conflicto con el campo. Mientras Zannini daba detalles de los mismos en la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo se iniciaba una nueva manifestación.
Uno de los puntos centrales de la presentación es la creación de una nueva Cámara de Casación para la ciudad de Buenos Aires. La implementación de la misma permitirá reducir notablemente el volumen de expedientes del Máximo Tribunal Penal pues entonces se ocuparía sólo de aquellos con competencia federal.
Esto debe considerarse especialmente porque en los últimos tres años se duplicaron la cantidad de casos ante la Cámara que inicialmente sólo revisaba cuestiones de derecho. Luego un fallo de la Corte estableció que debía controlar "todo lo que resulte revisable", por lo que se incluyeron hechos y prueba.
El nuevo tribunal tendría jurisdicción en la Capital Federal, y absorbería el 50% de los 4000 expedientes en trámite. Se estipula que contará con 10 jueces (tres salas de tres y un presidente), que el Consejo de la Magistratura deberá seleccionar en 120 días. Casación Nacional mantendría la potestad sobre el resto del país.
Otra de las propuestas tiene que ver con las subrogancias que, según propone, cuando falte alguno de los jueces de los tribunales orales federales se cubran con integrantes de otro tribunal oral o por un miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de la correspondiente jurisdicción. Así, se busca evitar las interrupcciones de juicios por ausencia de magistrados.
Un tercer proyecto prevé que los recursos de Casación tengan un trámite con audiencias orales, públicas y un plazo para ser resueltos en 30 días, creando una oficina de gestión para administrarlos. Esta iniciativa se vincula con el cuarto proyecto enviado que sugiere que las causas no se demoren entre la etapa de la instrucción y la del juicio oral, para lo cual los recursos interpuestos por las partes no deberían interrumpir la elevación a juicio.
Finalmente la última propuesta incluye un fondo de recompensas para obtener información sobre acusados en casos de violación a los derechos humanos que estén prófugos, considerando que de los 358 procesados en causas de derechos humanos, 44 eludieron a la Justicia. A su vez, se estipula la creación de una unidad especial para localizar delincuentes.
En la presentación del paquete con las iniciativas, Carlos Zannini estuvo acompañado por representantes de organismos de derechos humanos como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
También estuvieron presentes en el anuncio el ministro Justicia, Aníbal Fernández; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, entre otros.
Es importante destacar que a mediados del año pasado, el entonces responsable de la cartera de Justicia, Alberto Iribarne, anunció un proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación, con una inclinación al sistema acusatorio reemplazando en gran medida el sistema mixto actual que contiene elementos inquisitivos. Tras seis meses no hubo novedades de su tratamiento legislativo.