La Justicia porteña sigue bien de cerca los pasos de la gestión del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Ahora, a través de una medida cautelar firmada por la jueza Elena Liberatori, el Ejecutivo de la Ciudad fue emplazado para que antes del 26 de febrero adopte las medidas necesarias que permitan terminar con las obras de la primera etapa del plan de remodelación del Hospital Tobar García.
La decisión llegó luego de un dictamen presentado por el Asesor Tutelar Gustavo Moreno en el que denunció que “mientras el gobierno demora las entrega de las obras, mis representados/as deben soportar situaciones de hacinamiento, debiendo permanecer en un medio ambiente indigno (paredes de habitaciones despintadas, carencia de taparrollos en las ventanas de los dormitorios, vidrios rotos en el comedor)”.
Atento a ello, Liberatori remarcó que “resulta urgente” la finalización de las obras, para permitir a los pacientes utilizar las nuevas instalaciones: un comedor, lugares de recreación y los baños para los aproximadamente 60 niños internados y los 100 pacientes ambulatorios, que padecen hacinamiento.
Mientras agregó que la prolongación de las obras en el tiempo (comenzaron en abril de 2006 y deberían haber estado concluidas en octubre de 2007) perjudican “severamente el derecho a la salud de los niños que allí se atienden y de aquellos con posibilidades de acceder a los servicios de salud”.
La jueza remarcó que en el caso del Tobar García “está en juego el derecho a la vida o a la salud, y esos derechos cuentan con la protección que les asigna la Constitución Nacional y de la Ciudad”.
Concluyó entonces que “no resulta atendible considerar que por la falta de cumplimiento de los plazos de entrega de la obra y las deficiencias de los servicios de salud se ponga en peligro la vida o se agrave la salud de los internados”.
Este es un nuevo fallo de la Justicia de primera instancia contra el gobierno de Macri, que en tres oportunidades anteriores le dio la espalda, dos veces contra la intervención de la obra social de los empleados municipales (ObSBA), dispuesta la Ciudad en el marco de un proyecto para desregular y reconvertir la entidad; y una al ordenar la reincorporación de 2.300 empleados públicos, cuyos contratos habían finalizado en enero.
Sin embargo este martes, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad avaló por "unanimidad" el recurso presentado por la comuna que finalmente le da luz verde a la intervención de la ObSBA, revocando los fallos de Liberatori, tal como había dictaminado la fiscal Daniela Ugolini.
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