Sus abogados Carlos León Arslanián y Carlos Beraldi adoptaron el mismo temperamento que siguieron ayer al solicitar la postergación de otra audiencia de similares características que debía prestar Alderete ante el juez federal Gabriel Cavallo.
La audiencia prevista para mañana había sido convocada por Liporaci, quien investiga una presunta "sustracción de documentación" de la mayor obra social del país en más de 90 cajas que fueron llevadas a un domicilio en la bonaerense localidad de Morón.
Esos hechos fueron denunciados por los diputados aliancistas Jorge Giles, Nilda Garré y María América González, pero el juez Gabriel Cavallo se declaró incompetente y, luego del sorteo de rigor, se determinó que le correspondía a Liporaci investigarlo. La indagatoria suspendida ayer ante Cavallo en una causa por irregularidades en contrataciones con la Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas (FACAP) que, en principio, no estaba en condiciones de garantizar esos servicios.
En ese expediente, Cavallo fijó el 16 de agosto para indagar al ex titular de la Obra Social de los jubilados, quien continúa alojado en dependencias de Gendarmería Nacional, a disposición del juez federal Adolfo Bagnasco, que investiga si encabezó una asociación ilícita. Este último mantiene detenido al ex presidente del Pami en el Escuadrón Gendarmería y, ahora, debe resolver su situación procesal despues de haberlo indagado durante varias jornadas por la presunta jefatura de Asociación Ilícita.
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