Por medio de la Decisión Administrativa 544/2005 se ha modificado la distribución del presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, ya que resulta necesario incrementar el presupuesto vigente de la Jurisdicción 40 del Ministerio de Justicia, Servicio Administrativo Financiero 331 Servicio Penitenciario Federal a los efectos de posibilitar la atención de gastos de personal y de la partida presupuestaria para becas. A efectos de no incrementar el presupuesto vigente, se ha propiciado disminuir los créditos asignados a la Jurisdicción 91 de las Obligaciones a Cargo del Tesoro. Por esa razón, se emitieron otras dos Decisiones Administrativas, la primera Nro. 547/2005 ha modificado la distribución el presupuesto de la Administración Nacional vigente para el corriente ejercicio, mediante una transferencia de créditos presupuestarios de la jurisdicción 30 del Ministerio del Interior a la jurisdicción 40 del antedicho Ministerio de Justicia. La segunda, que lleva el número 548/2005, ha modificado la distribución del Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, en la parte correspondiente a la Jurisdicción mencionada, mediante una transferencia de créditos presupuestarios de la Jurisdicción 91 de Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Sacando cuentas
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió este martes solicitarle al Gobierno Nacional que levante el secreto sobre los fondos de la SIDE para saber si durante el gobierno de Carlos Menem se le pagaron sobresueldos a los jueces federales. En el caso de que hayan existido partidas de dinero para los jueces, la Comisión también pidió que se informe cómo, cuanto y a quienes se les pagó.
El pedido fue presentado por el consejero Beinusz Szmukler y aprobado por unanimaidad de los integrantes de la Comisión.
Szmukler explicó que la solicitud se basa en las últimas declaraciones periodísticas del recientemente renunciante juez de la Corte Suprema Augusto Belluscio. En un reportaje publicado el domingo pasado en el diario Pagina/12 Belluscio dijo que “todo el mundo decía” que algunos jueces federales cobraran sobresueldos. Fuentes del Consejo de la Magistratura informaron que se analizaba la posibilidad que el escrito lleve la firma del presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo, Enrique Petracchi, para que el pedido tenga mayor entidad. Además, la comisión citó al ex ministro del interior Carlos Corach en el marco del sumario instruido al juez Jorge Urso.
Debate
Después de casi tres años, el ex marido de María Marta García Belsunce, Carlos Carrascosa, será sometido a juicio oral como único acusado del asesinato de su esposa. Lo decidió el juez de garantías de San Isidro Diego Martínez. La resolución del magistrado recoge el auto de elevación a juicio oral y público planteado, en su momento, por el fiscal Diego Molina Pico, que había hecho ese planteo en febrero del año pasado. Carrascosa está procesado por homicidio agravado por el vínculo. Aunque pasó unos meses en prisión preventiva ahora goza de libertad morigerada ya que está pendiente de resolución un incidente planteado por la defensa ante el Tribunal de Casación bonaerense.
Reunionismo
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Alberto Iribarne recibió en la sede del Ministerio a las autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Iribarne le garantizó a los magistrados un ámbito de cooperación y de intercambio de ideas permanente y una política de consulta y participación en los proyectos de reformas judiciales. Pero también adelantó la creación de un espacio de trabajo común referido a la situación carcelaria y la colaboración constante en materia de capacitación. La entidad que reúne a jueces, fiscales, defensores y secretarios estuvo representada, entre otros, por su presidente, Miguel Angel Caminos, su vice Luis María Cabral y la secretaria general Alcira Paula Pasini.
Música
Un juez australiano falló a favor de las compañías discográficas y dijo que el software Kazaa, que permite intercambiar archivos musicales entre personas, viola los derechos de propiedad intelectual. En su resolución el juez Murray Wilcox le ordenó a Sharman Networks, compañía australina dueña de Kazza, modificar el software. La demanda fue presentada por las empresas discográfica EMI, Warner Music y Sony BMG que denunciaron que a través del Kazza 100 millones de personas descargan gratuitamente 3.000 millones de archivos musicales por mes. "Los demandantes autorizaron a los usuarios a violar los derechos intelectuales de la parte acusadora en sus grabaciones musicales", señaló el juez en su fallo.