08 de May de 2024
Edición 6961 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 09/05/2024

La Corte Interamericana analiza la crisis carcelaria de Mendoza

Este miércoles, el organismo internacional tratará una serie de denuncias realizadas por familiares de varios presos mendocinos. El Estado argentino deberá responder por las condiciones inhumanas de detención. La Corte está reunida desde el lunes en Paraguay.

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se avocará este miércoles al expediente denominado "Casos de penitenciarías de Mendoza" que se inició con las denuncias de familiares de los reclusos de la cárcel de Bologne Sur Mer. La causa la llevaron adelante un grupo de abogados mendocinos (Alfredo Guevara, Pablo Salinas, Diego Lavado y Alfredo Escayola) quienes agotaron las instancias locales, incluido en Superior Tribunal de la provincia, antes de acudir al organismo internacional.

El Estado argentino deberá responder ahora por "las condiciones inhumanas" de detención en las cárceles de esa provincia.

La Corte empezó a sesionar el lunes en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Asunción. Es la primera sesión, en el año, fuera de su sede de Costa Rica. Ese día se analizó la demanda que entabló un ex funcionario civil de la marina chilena, Humberto Antonio Palamara Iribarne, contra el gobierno chileno por la supuesta censura de su libro "Ética y servicios de inteligencia”.

En su libro, Palamara sostenía que la inteligencia militar debe encuadrarse en el marco del respeto de los derechos humanos, según expuso. Las autoridades militares chilenas no autorizaron la publicación del libro y confiscaron la totalidad de los ejemplares cuando aún estaban en la imprenta, además de los originales.

Los militares también borraron el original del disco duro de su computadora personal y la Corte Marcial Naval de Valparaiso condenó al autor a 60 días de prisión y a pagar una multa. La condena fue aumentada en 1996 a 662 días de prisión, pero la Corte Suprema de Justicia de Chile posteriormente la redujo a 102 días.

En 1996, las organizaciones Human Rights Watch y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) sometieron el caso a la CIDH, alegando que violaba los artículos 8 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, los integrantes de la CIDH, reunidos en la sede del Palacio de Justicia de Asunción, escucharon los alegatos tanto de Palamara como de los defensores del estado chileno.

El martes, la Corte estudió la acción entablada por Wilson García Asto y Urcesiono Ramírez Rojas contra el estado peruano. Ambos fueron sometidos, en ese país, a procesos penales por "terrorismo". Ramírez Rojas está detenido desde hace 13 años y García Asto estuvo preso nueve años, hasta que recuperó su libertad en agosto pasado tras ser absuelto por la Sala Nacional de Terrorismo de Perú.

El actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el mexicano Sergio García Ramírez, y los demás integrantes son Oliver Jackman, de Barbados; Manuel Ventura Robles, Alirio Abreu Burelli, de Venezuela; Antonio Augusto Cancado, de Brasil; Cecilia Medina Quiroga, de Chile, y el peruano Diego García-Sayán.

Las audiencias proseguirán este miércoles y jueves con dos causas que afectan a las cárceles de Mendoza y Sarayaku, en Ecuador. El caso argentino se inició con las demandas de los familiares de 16 presos que murieron en la cárcel de Bulogne Sur Mer, que denunciaron malos tratos e irregularidades.

A raíz de eso, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el penal mendocino a fines de 2004. Los delegados vinieron para constatar si las medidas provisionales ordenadas por el organismo estaban siendo cumplidas, y se llevaron una mala impresión.

El relator de la delegación, Florentín Meléndez manifestó, en ese momento, que las medidas tomadas por la Argentina hasta el momento “no son idóneas ni suficientes”, agregando que las condiciones infrahumanas de vida vulneran los compromisos internacionales adquiridos por la Argentina en materia de derechos humanos.

Luego, los internos del penal realizaron una revuelta que culminó con una resolución del director del penal suspendiendo las visitas y las salidas, para aquellos que contaban con ese beneficio.



dju / dju
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