El Máximo Tribunal Penal a nivel federal emitió una Acordada para sumar apoyo al debate que se realizó en Rosario sobre como abordar el delito del narcotráfico. La Cámara pidió "la provisión de los recursos indispensables para llevar adelante en forma eficiente un adecuado servicio de justicia"
Mientras jueces federales de todo el país debatían en Rosario sobre el juzgamiento al narcotráfico, la Cámara Federal de Casación Penal se sumó y mediante una acordada manifestó su "solidario acompañamiento y manifiesto respaldo" a integrantes del Poder Judicial que fueron amenazados por miembros de bandas delictivas.
El texto, firmado por los camaristas Alejandro Slokar, Mariano Borinsky, Ana Maria Figueroa, Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña, Javier Carbajo, Angela Ledesma, Daniel Petrone, Eduardo Riggi, Guillermo Yacobucci y Gustavo Hornos, remarcó que "el narcotráfico y el crimen organizado se han extendido de manera alarmante" y por ese motivo es necesario "expresar el solidario acompañamiento y manifiesto respaldo a los señores Magistrados/as y Funcionarios/as que han sido objeto de amenazantes actividades delictivas".
Para los magistrados, "es imposible la realización de una sana justicia si los magistrados/as y funcionarios/as llamados a impartirla no disponen de la certeza de que nada deben temer en sus personas, familias o sus bienes".
La Cámara presidida por Alejandro Slokar remarcó "la necesidad de fortalecer los órganos jurisdiccionales federales, especialmente con asiento en la provincia de Santa Fe, a los fines de cumplir con el objeto de afianzar la Justicia para todos sus habitantes, proclamada en la Constitución Nacional".
Los jueces hicieron referencia a la "grave escalada de inseguridad que indebidamente deben soportar quienes tienen confiado el deber de administrar Justicia, en particular, en jurisdicciones en las que el narcotráfico y el crimen organizado se han extendido de manera alarmante".
Para los magistrados, "es imposible la realización de una sana justicia si los magistrados/as y funcionarios/as llamados a impartirla no disponen de la certeza de que nada deben temer en sus personas, familias o sus bienes".
Por último, los camaristas pidieron "gestionar la provisión de recursos indispensables para llevar adelante en forma eficiente un adecuado servicio de justicia, a la luz de los principios y garantías constitucionales y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino".