Tras la presentación de un hábeas corpus colectivo, la Justicia porteña ordenó el traslado de detenidos con COVID-19 que se encuentran en las comisarías vecinales y alcaldías comunales de Policía de la Ciudad.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 falló a favor de un planteo de la Procuración Penitenciaria de la Nación y solicitó a la Dirección General de Régimen Correccional de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal que de ingreso inmediato de todas las personas que se encuentren con diagnóstico de COVID-19, en la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal.
La medida judicial, dictada por el magistrado Alejandro Villanueva en el marco del expediente "Ministerio Público de la Defensa SOBRE HABEAS CORPUS" busca “evitar la propagación de la enfermedad dentro de las dependencias de la Policía de la Ciudad, en función de la cantidad de alojados”.
La Procuración denunció que, desde marzo de 2020, una gran cantidad de personas –actualmente 652- se encuentran alojadas en forma permanente en las comisarías vecinales y alcaidías comunales de Policía de la Ciudad, y por ello solicitó el traslado inmediato de las personas diagnosticadas con Covid-19 positivo, a una Unidad del Servicio Penitenciario Federal preparada con pabellones destinados al aislamiento y adecuada atención de la urgencia médica, y en caso de surgir una complicación en los pacientes, sean derivados automáticamente a un espacio médico adecuado, como la Unidad 21
La tercera ola generó el cierre y aislamiento de sendas unidades dentro del Servicio Penitenciario Federal, como es el caso de la Unidad residencial 2, pabellón V del Complejo Penitenciario Federal N° II, según consta en la causa.
En el último monitoreo se habían contabilizado 30 casos de COVID-19 positivos en estos espacios de detención, donde “no cuentan con un sistema de atención medica suficiente para garantizar su derecho a la salud”. "Las comisarías y alcaidías no cumplen con las condiciones mínimas para ser utilizados como lugares de alojamiento permanente para las personas privadas de su libertad", explicó el magistrado.
En su decisión, el juez Villanueva señaló que la problemática informada por la Procuración “se ve sumamente agravada por la nueva ola de propagación de casos del virus”.
La tercera ola generó el cierre y aislamiento de sendas unidades dentro del Servicio Penitenciario Federal, como es el caso de la Unidad residencial 2, pabellón V del Complejo Penitenciario Federal N° II, según consta en la causa.