La Suprema Corte bonaerense le comunicó al Poder Ejecutivo su preocupación por la situación salarial de magistrados, funcionarios y agentes judiciales, y la necesidad de recursos presupuestarios para atender los gastos de funcionamiento de la administración de justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires emitió una resolución donde le expresó al Poder Ejecutivo su preocupación por la falta de respuestas a la situación salarial de los judiciales. Resaltaron que entre el mes de enero de 2017 a septiembre de 2019 existieron variaciones de precios del 153,7%, mientras que el aumento salarial del Poder Judicial en ese lapso fue del 114,5%.
Con la firma de Eduardo de Lázzari, Daniel Soria, Hilda Kogan, Luis Esteban Genoud, Eduardo Pettigiani y Sergio Torres, el texto sostiene que "durante el año en curso aún no se ha formalizado una propuesta que recupere la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación. Esto explica, entre otras cosas, el grave deterioro salarial que experimenta el Poder Judicial de la provincia".
Para los jueces, una política salarial adecuada no puede estar disociada de los efectos de la inflación y debe tomarse en consideración los incrementos salariales producidos en otros poderes judiciales.
Según señalaron los magistrados, las diferencias con respecto a la Justicia Nacional, que alcanza un 51% promedio en la remuneración mensual, por lo que esta situación “debe ser revertida por medio de un programa de recomposición salarial progresivo y sustentable”, y destacaron la preocupación que genera “la falta de respuesta institucional a esta grave problemática”.
El Máximo Tribunal bonaerense apuntó que estas circunstancias "agravan el equilibrio salarial" no sólo entre Nacion y Provincia sino "en el cuadro general de los restantes sistemas judiciales del país"
El texto hace referencia puntualmente al Ministerio de Economía, quien “ha declinado avanzar en la definición de alternativas tendientes a recomponer las remuneraciones del Poder judicial e incrementar los recursos necesarios para su funcionamiento” a pesar de “la amenaza que su demora representa para la prestación del servicio de Administración de Justicia”.
Para los jueces, una política salarial adecuada no puede estar disociada de los efectos de la inflación y debe tomarse en consideración los incrementos salariales producidos en otros poderes judiciales.