Un grupo de organizaciones civiles expresaron su preocupación al Senado ante el avance de reforma del Código Procesal Penal. Señalaron que el texto incorpora modificaciones que “amplían las capacidades estatales para invadir la privacidad” en el marco de una investigación penal.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) enviaron una carta al Senado para expresar su “preocupación” ante el tratamiento del proyecto de ley que reforma el nuevo Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), aún pendiente de implementación.
Semanas atrás, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación dio dictamen favorable a las modificaciones al CPPN. Entre los fundamentos, los legisladores afirmaron que se busca “armonizar” e "incorporar" al CPPN las reformas legislativas que se aprobaron en estos últimos años, tales como la Ley de Fragrancia, Ley de Técnicas Especiales de Investigación, Responsabilidad Penal Empresaria , entre otras.
Mediante una nota, las organizaciones civiles advirtieron que la iniciativa incorpora en el Código Procesal cuestiones que “todavía no son ley y que no rigen en el régimen vigente” y que “amplían las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal”.
“Es preocupante que el Estado avance sobre la posibilidad de intervenir en el fuero íntimo de quienes son objeto de una investigación penal sin que exista un debate respecto a la forma y alcance que dichas medidas deben tener para ajustarse a un debido respeto de las garantías constitucionales de los imputados”, señalaron.
Las ONGs firmantes solicitaron una "discusión seria" en el Congreso al entender que “se trata de una reforma sensible, en tanto afecta las garantías", por lo que "amerita una discusión amplia y la participación de todos los sectores políticos, de especialistas y de organizaciones de la sociedad civil”.
En este sentido, calificaron de “alarmante” lo establecido por el proyecto de ley al permitir que el juez ordene, previa solicitud del agente fiscal, la “vigilancia acústica de conversaciones privadas del imputado que tengan lugar fuera del domicilio de cualquiera de los interlocutores, la vigilancia remota de los equipos informáticos y la vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización”.
Además, observaron la “ausencia de notificación al investigado acerca de que está siendo o fue sometido a vigilancia, lo cual le impide el pleno ejercicio de un recurso efectivo bajo el principio del debido proceso” y la autorización para llevar a cabo medidas de vigilancia aunque tuvieren efectos inevitable sobre terceros”, lo cual puede “causar grandes afectaciones a personas que ni siquiera forman parte de la investigación”.
También resaltaron que el texto “no explica de modo claro y autosuficiente cómo se realizarán la intervención sobre los diferentes dispositivos y equipos informáticos" y "qué medidas específicas se tomarán para la protección de los datos personales recabados”.
Las ONGs firmantes solicitaron una "discusión seria" en el Congreso al entender que “se trata de una reforma sensible, en tanto afecta las garantías", por lo que "amerita una discusión amplia y la participación de todos los sectores políticos, de especialistas y de organizaciones de la sociedad civil”.