Con fuertes críticas de parte de los legisladores de la oposición, la Comisión de Acuerdos del Senado aprobaron las diez propuestas de conjueces para la Cámara Federal de Casación Penal enviadas por el Ejecutivo, en donde figuran varios integrantes del mundo del derecho con renombre. Los opositores les imputaron su cercanía con el Gobierno nacional.
Gerardo Morales (UCR) aseguró que “el Gobierno recurre a personas afines y no garantiza la idoneidad. Se rompe el principio de independencia, una característica fundamental del Poder Judicial”. Y realizó algunos señalamientos sobre algunos candidatos propuestos por el Ejecutivo. En relación al abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, afirmó que “milita en todos los medios del mundo K para ser el vocero del Gobierno, además de ser representante de las Madres de Plaza de Mayo”.
Al mismo tiempo, su compañero de bloque, Ernesto Sanz, enfatizó que esta propuesta del Ejecutivo “forma parte de un plan para garantizar impunidad a funcionarios y perseguir a opositores”.
Por su parte, el cordobés Luis Juez (FAP) observó que “cuando se trata de jueces hay que buscar independencia, imparcialidad”, agregando en este mismo orden de ideas que “no hay otro argumento que el que exige la Constitución de examen de idoneidad, y eso no se ha cumplido”.
Además de Barcesat, en la lista confeccionada por el Gobierno nacional se encontraban Marcelo Roberto Biugo, Claudio Marcelo Vázquez, Martín Ariel Magram, Alan Iud, Nicolás Fernando D´Albora, Carlos Alberto Oscar Cruz y Roberto Boico, Norberto Federico Frontini y Raúl Ferreyra. Todos ellos tuvieron alguna injerencia reconocida en el mundo de la Justicia.
Roberto Biugo es un abogado que tuvo, entre otros clientes, al ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa que le inició a la diputada Elisa Carrió por presuntas calumnias. Claudio Marcelo Vázquez fue uno de los impulsores de la “democratización” de la Justicia, y su par Martín Ariel Magram fue letrado de un empleado del Gobierno que afirmó que sufrió un robo de medicamentos para una gira del Ejecutivo por Medio Oriente.
Pero entre los casos que más suspicacias levantaron se encuentra el de Barcesat, quien además de ser un asesor de las Madres de Plaza de Mayo es un constitucionalista de una larga carrera. Le imputaron haber estado alineado a todas las propuestas de modificaciones a la Justicia que realizó el Gobierno en el último año.
Roberto Boico también es un abogado constitucionalista que se mostró alineado a las diferentes iniciativas de reforma de la Justicia que presentó el Ejecutivo, pero al mismo tiempo llevó a cabo acciones recordadas, como la denuncia en contra del ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, por haber habilitado una insólita línea telefónica para denunciar la organización política de los estudiantes secundarios.
Alan Iud es reconocido por su trabajo como abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, defendiendo de forma activa la causa por la que lucha la organización desde la última dictadura militar de nuestro país.
dju
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