En el plenario de comisiones del Senado, el debate en torno a dos de los proyectos de Ley enviados por el Ejecutivo para la “democratización de la Justicia” ya cuentan con su despacho. Se trata de las iniciativas que proponen el voto popular de consejeros de la Magistratura y la creación de nuevas cámaras de Casación.
El anuncio del envío de proyectos para fomentar la tan mentada “democratización de la Justicia” de parte de la presidente Cristina Fernández prometía un debate profundo y prolongado en el Congreso Nacional. Pero en el primer día de debate en torno a estas cuestiones, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, con ausencia de casi todos los legisladores de la oposición, dio dictamen a dos de las iniciativas: la que prevé el voto popular de los consejeros de la Magistratura y la que establece la creación de nuevas cámaras de Casación.
En tanto, la propuesta que brinda un nuevo marco normativo para la presentación de medidas cautelares en contra del Estado será discutida este jueves, según afirmaron los senadores que integran las comisiones.
El oficialismo se mostró de forma muy orgánica ante el debate, apoyando con diferentes argumentos los proyectos que ahora cuenta con dictamen. En cambio la oposición realizó fuertes críticas y mostró una incipiente de unión en este sentido. En este orden, los integrantes de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Amplio Progresista (FAP) decidieron no concurrir al plenario de comisiones y manifestaron su rechazo a la metodología aplicada por los legisladores alineados con el Gobierno Nacional en torno a la discusión.
En estos términos, el presidente del bloque radical en el Senado, José Manuel Cano, afirmó que el debate llevado a cabo fue “irrespetuoso y unilateral”, a la vez que precisó que el Ejecutivo y los legisladores afines tienen un doble discurso: “El Gobierno tiene un doble discurso ya que intenta modernizar la Justicia y tiene intervenido el Indec”.
Al mismo tiempo, el representante de la UCR consignó, en tono irónico: “Se ve que la visita de la presidenta al Papa no sirvió de nada”, en obvia referencia a que el bloque oficialista avisó no admitiría modificación alguna a las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo.
Ernesto Sanz (UCR), por su parte, habló sobre el avance a un “sistema totalitario”, y agregó que “hoy el Poder Ejecutivo toma decisiones y no busca consensos ni diálogos”. En tanto, Gerardo Morales manifestó que las iniciativas propuestas por el Ejecutivo violan principios constitucionales. “Esta es la propuesta de partidización y politización de la Justicia. Imaginemos a los jueces juntando votos por el país. El oficialismo no tiene límites”, expresó en torno a la iniciativa para aumentar y votar a los miembros del Consejo de la Magistratura.
Rubén Giustiniani (FAP), señaló que “el oficialismo está pateando su propio tablero, adelantando que no permitirá cambios en los proyectos”, mientras que también criticó la forma de llevar a cabo el tratamiento de estos proyectos de parte de los legisladores alineados con el Gobierno.
El único senador opositor que estuvo en el plenario fue Samuel Cabanchik del bloque Proyecto Buenos Aires Federal que intentó conseguir algunas modificaciones al proyecto original, pero sin éxito.
También estuvieron en el Congreso el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Alak consignó que “existe en la opinión pública una idea que ronda a la Nación desde hace mucho tiempo de que es necesario transformar el Poder Judicial”.
En estos términos, el titular de la cartera de Justicia alegó que “los mismos integrantes del Poder Judicial tienen más tendencia a escuchar la voz de las corporaciones económicas, los sectores más poderosos. Pensamos que este es un déficit del Poder Judicial”. En este orden, destacó el valor de las iniciativas enviadas al Congreso nacional.
Siguiendo esta línea de razonamiento, Julián Álvarez expresó que “históricamente la corporación judicial y las corporaciones económicas hicieron escindir lo técnico de lo político y así los jueces debían aplicar la validez de las normas”. También puntualizó que “el Poder Judicial está sesgado por la especificidad técnica y no por la problemática de los ciudadanos”.