Tras la decisión tomada este jueves por el plenario del Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial de la Nación ya no podrá mantener más en secreto las declaraciones patrimoniales de los jueces. Desde ahora, deberá ser dado a conocer a cualquier ciudadano que lo solicite, siempre que indique cuál es el objeto de la petición y el destino que se le dará al informe.
Así lo indica el dictamen 13/07 de la mayoría aprobado hoy por los consejeros. Por su parte, los jueces Luis María Cabral y Miguel Ángel Gálvez remarcaron que no se oponen a mostrar el patrimonio, pero sí a que figuren “datos sensibles”.
Cabral aclaró que “no hay inconveniente para que se establezca una reglamentación para que se exponga de manera global cuál es el patrimonio de los jueces, con lo que no estoy de acuerdo es con puntualizar cierto tipo de datos, como el domicilio. No me parece que sea un dato para publicar en los diarios”.
Por esto, serán protegidas todas las informaciones referidas al cónyuge, hijos y acreedores o deudores, considerados “datos sensibles” a los efectos de la seguridad de esas personas y del propio magistrado.
“Es una contribución a la transparencia”, sostuvo el consejero Federico Storani, que agregó que se trata del mismo “régimen que tenemos los legisladores”.
De esta manera, se pone fin a un extenso debate que se generó en el seno del organismo a raíz de dos presentaciones efectuadas con el objetivo de acceder a los patrimonios de los magistrados.
Por un lado, la fundación Poder Ciudadano lo solicitó con la intención de que se respete el derecho a la información pública y efectuar el control ciudadano de los actos de gobierno. Así, la idea es confeccionar con la información solicitada un banco de datos para la consulta ciudadana en forma gratuita.
Por su parte, dos periodistas del diario La Nación, Paz Rodríguez Niell y Gabriel Sued, fueron quienes hicieron la otra presentación porque pretenden “acceder a esos documentos para poder publicar algunos extractos en el diario”.
Sobre esto, el juez Cabral señaló que no está de acuerdo “con que se haya acreditado un interés legítimo en los términos de la reglamentación por parte de los peticionantes” y sostuvo que “lo que plantean es curiosidad por saber, no han dado razón de interés legítimo”.
El plenario llevado a cabo hoy estuvo presidido por el presidente del Consejo Pablo Mosca y participaron, además de los ya nombrados Cabral, Gálvez y Storani, los consejeros Marcela Losardo, María Laura Leguizamón, Nicolás Fernández, Diana Conti, Ernesto Sanz y Mariano Candioti. En cambio, estuvieron ausentes con aviso Santiago Montaña, Luis Bunge Campos y Carlos Kunkel.
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