En la primera cesión de la Corte, en la que Ricardo Lorenzetti estrena su rol de presidente de la cabeza del Poder Judicial, se resolvió también la creación de un grupo de trabajo en una de las secretarías cuya finalidad es ocuparse de los más de 60.000 expedientes que esperan a que se les aplique la decisión a que arribó la Corte en el precedente “Massa” en el último acuerdo del año pasado.
Corralito. Los jueces de la Corte firmaron el día de la fecha 100 sentencias del corralito, en el cual se aplicó la misma decisión judicial de fomentar la paz social mediante un cálculo equitativo de la devolución de los depósitos en la cual si bien se sostiene la constitucionalidad de la pesificación, esta es aplicada de un modo morigerado y de forma tal que los depositantes reciban por lo menos su capital.
Dicho cálculo, u$s 1 = $1,40 más el CER más un interés del 4% anual no capitalizable fue refrendado por la Sala V en lo Contencioso Administrativo Federal, en el cual los jueces Pablo Fedriani y Jorge Morán, en los autos “Abagnato María Gladis y otro c/PEN-LEY 25561-DTOS 1570/01 214/02 (HSBC-BANSUD) s/Amparo sobre Ley 25.561”, dejaron a salvo su opinión y aplicaron in totum lo resuelto en el Fallo “Massa”.
También, los jueces de la Corte debieron crear un grupo de trabajo dentro de una de las secretarías para poder dictar sentencia en los más de 60.000 amparos que actualmente se encuentran en condiciones de dictársele la sentencia definitiva. Según fuentes oficiales de la propia Corte, se le dará prioridad a los casos de montos más bajos a fin de que la solución llegue más rápido a aquellas personas de menores recursos.
Riachuelo. Con el fin de evaluar las promesas realizadas por los Estados involucrados en el saneamiento del Cuenca Matanza-Riachuelo en las últimas audiencias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó para el 20 de febrero a las 12hs en el salón del 4º piso del Palacio de Tribunales una nueva audiencia.
En ella, el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar todas las medidas adoptadas en materia de prevención y recomposición de la Cuenca Matanza-Riachuelo, como así también informar al tribunal sobre la auditoría ambiental que debían realizar los Estados.