El gobierno de Bush insiste en que la CPI amenaza la soberanía de Estados Unidos y, dado el predominio militar de Washington y su responsabilidad en el mantenimiento de la paz internacional, sus soldados serán vulnerables a investigaciones del tribunal motivadas políticamente.
Una ley contra la CPI, ya había sido aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2002, cuando recortó la asistencia militar de Washington a más de 30 países, la mayoría de ellos pobres, que habían ratificado el Estatuto de Roma y rechazado el AIB. Ante semejante presión, más de 80 países cedieron y firmaron el acuerdo de inmunidad con Estados Unidos.
Bajo la nueva ley, pendiente de aprobación por el Senado, Bush podrá interrumpir la asistencia financiera a países que integren o no la OTAN, como Argentina, Australia, Corea del Sur, Chipre, Ecuador, Egipto, Irlanda, Israel, Japón, Jordania, Nueva Zelanda y Sudáfrica.
El programa de asistencia específico afectado por la prohibición sería el Fondo de Apoyo Económico, que el gobierno usa tradicionalmente para respaldar a países que pueden jugar un papel clave en sus objetivos estratégicos, como la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo. El Fondo financia, entre otras cosas, programas de desarrollo en países de América Latina y el Caribe que, a la vez, prestan colaboración en operativos regionales contra el terrorismo y el narcotráfico.
La Corte Penal Internacional fue establecida por el Estatuto de Roma de 1998, para juzgar crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad, y ratificado por 97 países de los 139 que lo firmaron, incluyendo a todos los aliados de Washington en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y miembros de la Unión Europea.
La CPI entró oficialmente en funciones en 2002, y su fiscal general, Luis Moreno Ocampo, ya inició investigaciones sobre crímenes de guerra en la República Democrática del Congo y en Uganda. El ex presidente estadounidense Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma, pero la administración de George W. Bush, retiró su firma de ese tratado en mayo de 2002, a la vez que lanzó una ofensiva diplomática sin precedentes para persuadir a países aliados a que firmaran el Acuerdo de Inmunidad Bilateral.
La CPI sólo tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos tras su entrada en vigor por ciudadanos de estados partes del Estatuto y en territorios de esos estados, siempre y cuando los respectivos sistemas judiciales nacionales no puedan o no tengan voluntad para actuar. Además, también puede entender en casos específicos que le remita el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Los aliados de Bush defensores de la CPI, como el primer ministro británico Tony Blair, señalan que Estados Unidos no tiene nada que temer. Por el mismo motivo, Moreno Ocampo ha rechazado peticiones para juzgar a soldados británicos y estadounidenses acusados de cometer crímenes de guerra desde que invadieron Iraq, en marzo de 2003.