Dos personas fueron procesadas porlavado de dinero al hallárseles en el departamento que alquilaban, la suma de € 73.600. La causa se inició por una denuncia de la DEA de un supuesto tráfico de estupefacientes en un barco que hizo escala en Buenos Aires.
En una resolución de más de 150 carrillas, a la que accedió DiarioJudicial.com, el juez Jorge Brugo sugirió una interpretación amplia del artículo 117 de la Constitución que señala las competencias originarias de la Corte Suprema. “(…) La posibilidad de admitir la competencia originaria … con relación a funcionarios diplomáticos que ya habrían cesado funciones en nuestro país devendría necesaria a efectos de resguardar las relaciones internacionales con un manto de seguridad jurídica que solo el más Alto Tribunal de nuestra República puede otorgar”, sostuvo el magistrado.
Se trata de uno de los 88 casos que en 2007 la Secretaría de Comercio sancionó con multas de un millón de pesos cada una a la petrolera. El caso que llegó a la Corte recibió un dictamen de la Procuración General para que la Corte no revise la absolución de la compañía. La opinión del Ministerio Público tiene especial relevancia en la semana en que Moreno advirtió que volvería a hacer uso de la Ley 20.680 para lograr que bajen los precios de los combustibles. La Corte lo tiene a estudio.
La Cámara de Casación confirmó un fallo que concedió una probation, objetada porque no se había impuesto la regla de la autoinhabilitación. El camarista Mariano González Palazzo expresó que “si bien la oposición del Ministerio Público Fiscal en principio es vinculante para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, lo cierto es que se encuentra siempre sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional”.
En un fallo dividido, el Máximo Tribunal resolvió un conflicto de competencia a favor de la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico, en detrimento de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. En disidencia votó el ministro Enrique Petracchi.
En el marco de la absolución a favor de una empresa imputada por una infracción a la Ley Penal Cambiaria, el juez Marcelo Aguinsky advirtió al Banco Central sobre un efecto no deseado de la Ley de Blanqueo de Capitales, que por una norma complementaria otorgó un perdón legal a quienes habían infringido abiertamente el régimen de control de giros de dinero al exterior.
