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Luego de fuertes cruces entre Tucumán y Santiago Del Estero por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, la Corte Suprema de Justicia la Nación decidió intervenir y ya está en sus manos el informe elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional.
La Cuenca del río Salí-Dulce es una de las más importantes del país, y es, sobre todo, fundamental para el desarrollo agrícola y ganadero de las provincias de Tucumán y Santiago Del Estero. Fundamentalmente, es un recurso del que se sirven los habitantes del Noroeste argentino (NOA).
Pero ahora, la Corte Suprema recibió un informe sobre la situación de la Cuenca, elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Juan José Mussi.
Las actuaciones surgieron a raíz de las denuncias radicadas hace más de diez años en la Justicia del NOA. En ese marco, hace seis años que jueces tucumanos comenzaron a tratar el caso, y hace solo cinco meses que dos expedientes fueron elevados a juicio oral por el Juzgado Federal 2, a cargo de Mario Racedo.
En estos términos, el máximo Tribunal nacional fue informado acerca del conflicto existente entre las provincias de Tucumán y Santiago Del Estero, a la vez que recibieron precisiones sobre el estado de las negociaciones y el diálogo entre los responsables. A su vez, los ministros de la Corte tuvieron acceso a precisiones de los expedientes que investigan la responsabilidad de los ingenios con destilerías.
Juan José Mussi se reunió, antes de elaborar su informe, con el defensor del Pueblo de Santiago Del Estero, Marín Díaz Achával, y el ministro de Producción de Tucumán, Jorge Feijóo. Allí se discutió acerca de qué acciones debían llevar a cabo las provincias que representan los funcionarios para avanzar en torno a la solución del conflicto.
En este respecto, es dable señalar que Santiago Del Estero había interpuesto un recurso de amparo ambiental para que las empresas que estén produciendo bioetanol y no cuenten con el sistema de elaboración de los desechos correcto sean suspendidas.
Díaz Achával dejó entrever algunos aspectos de la reunión, entre los cuáles destacó el tratamiento de un acta que firmaron 10 ingenios con destilería, en donde se comprometían a, por ejemplo, no verter ceniza y vinaza en los afluentes del río.
Pero ante todo, destacó que uno de los principales requerimientos de Santiago Del Estero es que la Secretaría de Desarrollo sea un garante de cualquier acuerdo entre las provincias, y “que esa garantía sea con el poder de policía en caso de incumplimiento, porque más allá de que Tucumán no sancione, sea la Sayds la que tenga la facultad de sancionar”, señaló.
“Aquí la sanción es una sola, la clausura de la producción de alcohol hasta tanto no realicen las medidas, no hay otra vuelta de hoja”, consignó el funcionario santiagueño.
El mes pasado, el juez Racedo procesó a 14 empresarios industriales en el marco de las causas que investigan la contaminación en el Salí-Dulce. Al respecto del vertido de desechos, había consignado el magistrado: “el Tafí presenta parámetros elevados de demanda biológica y química de oxígeno, lo que deriva en el agotamiento considerable de las reservas de oxígeno y, por ende, en la reducción de la vida acuática", refiriéndose en términos más técnicos.
