La Justicia de Entre Ríos hizo lugar a un amparo ambiental para que se brinde información sobre situación dominial de las tierras que se extiende en todo el territorio provincial del Delta del Paraná.
La vocal de Cámara Contencioso Administrativo de Paraná, Adriana Acevedo, hizo lugar al amparo ambiental de acceso a información pública contra el Estado entrerriano para conocer la situación dominial de las tierras que se extiende en todo el territorio provincial del área delta del Paraná.
Se trata de información los sobre los datos catastrales de la totalidad de los terrenos de las islas del Delta del Paraná en territorio provincial, el que ocupa parte de los departamentos de Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú y el departamento de Islas de Ibicuy.
Las organizaciones ambientalistas también solicitaron conocer qué porción de territorio que es tierra de dominio público del estado, dando detalles de su ubicación, extensión, ocupación, permisos de uso y tipo de actividad productiva habilitada; como también el detalle del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) que abarca la zona.
La provincia no negó el derecho, pero esgrimió que la información solicitada “es compleja, y de tal holgura que requiere la intervención de distintos organismos, entes y/o áreas del Estado, como así también la afectación de gran cantidad de recursos humanos para posibilitar su suministro”.
El Estado sostuvo que información es similar a la solicitada y agregada en el juicio que tramita ante la Corte Suprema de Justicia por los incendios, pero también justificó su falta de cumplimiento en la extensión y complejidad de la información solicitada.
En este escenario, la jueza advirtió que no llega a esta instancia en discusión el derecho del peticionante -legitimación procesal- a acceder la información ambiental y la obligación del estado de brindarla.
El Estado sostuvo que información es similar a la solicitada y agregada en el juicio que tramita ante la Corte Suprema de Justicia por los incendios, pero también justificó su falta de cumplimiento en la extensión y complejidad de la información solicitada.
A raíz del volumen de información peticionada, la magistrada estableció que el Estado reúna el material correspondiente al departamento Victoria y lo entregue el 2 de febrero de 2023. Además, fijó una audiencia para el 13 de febrero en la que el Estado deberá hacer aclaraciones sobre el material entregado y presentar una propuesta de cumplimiento de la restante información.