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Más ayuda por las muertes de los abortos clandestinos


Por: Cindy Monzón cindy@diariojudicial.com

Ingresó al Senado de la Nación un proyecto de ley que busca otorgarle una compensación económica a los hijos de mujeres muertas en abortos clandestinos. Con una estructura similar a la Ley Brisa, se espera que logre adhesión para ser tratado en el recinto. 


Con la firma de Nancy González y varios senadores del justicialismo, ingresó al parlamento un proyecto de ley que busca otorgarle una compensación económica a los hijos de mujeres muertas en abortos clandestinos. 

La iniciativa llegó semanas después del rechazo del senado a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y cuenta con el apoyo de Norma Durango, Marcelo Fuentes, Ana María Ianni, María Inés Pilatti Vergara y María de Los Ángeles Sacnun. Se espera que logre una adhesión mayor para que sea tratada en el recinto.

 

Puntualmente, el proyecto propone que el Estado abone mensualmente un canon, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417, hasta que su titular alcance los 21 años. "La misma es inembargable y retroactiva al momento del fallecimiento de la progenitora o persona gestante a causa de embarazo finalizado en aborto”.

 

Además, “el Estado Nacional es el responsable de contener y acompañar mediante equipos interdisciplinarios a los niños, niñas y adolescentes cuya progenitora o persona gestante tenga en su causa de muerte embarazo terminado en aborto”, señala el texto.

El texto hace referencia al rechazo de la Cámara Alta a la legalización del aborto y sostiene: “La sesión del 8 de agosto fue sumamente simbólica ya que determinó un antes y un después: la interrupción voluntaria del embarazo puede no ser, todavía, legal; sin embargo, ya es del conocimiento de todas y todos los legisladores que las mujeres mueren".

En esa línea, la legisladora añadió que las mujeres "son víctimas de un sistema de salud que falló, que las empujó a la clandestinidad y que en consecuencia murieron; murieron porque el Estado estuvo ausente. Entonces, es necesario reconocer que en esas muertes no son sólo cuerpos lo que se registra; son hijos e hijas que quedan sin una madre. Son historias que quedan detenidas por un Estado que los y las abandonó”.

Puntualmente, el proyecto propone que el Estado abone mensualmente un canon, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417, hasta que su titular alcance los 21 años. "La misma es inembargable y retroactiva al momento del fallecimiento de la progenitora o persona gestante a causa de embarazo finalizado en aborto”.

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