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Un campamento de terror


Por: Diario Judicial @diariojudicial notas@diariojudicial.com

La Cámara de Casación revocó los sobreseimientos de funcionarios públicos por la muerte de una persona intoxicada con monóxido de carbono en un campamento de Vialidad Nacional.


En los autos "A. D., T. W. A., L. M. s/ recurso de casación", la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos de funcionarios públicos por la muerte de una persona intoxicada con monóxido de carbono en un campamento de Vialidad Nacional.

Los miembros del Tribunal, Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, revocaron la prescripción de los tres imputados en la causa donde son investigados por el presunto delito de homicidio imprudente ocurrido en el Campamento de Vialidad Nacional de Punta de Vacas, ubicado en la provincia de Mendoza.

 

En la causa se investigan las responsabilidades de dos funcionarios que tenían a su cargo el control del Campamento y del responsable de la empresa que construyó, diseñó e instaló la caldera, cuyo mal funcionamiento provocó su explosión y causó la muerte de un empleado de Vialidad.

 

Para los jueces, "la causal de suspensión de la prescripción no exige para su aplicación, la comprobación de la efectiva posibilidad de que el funcionario dificulte o entorpezca la investigación, pues la causal de suspensión en cuestión tiene un sustento objetivo y obedece a una decisión normativa de carácter fáctico, pues pretende prevenir un posible contexto objetivo de impunidad que pudiera afectar la investigación, aún sin ser reprochable al funcionario".

En esa línea, en referencia al representante de la empresa, los magistrados añadieron que "tampoco está prescripta la acción penal respecto del imputado que no reviste la calidad de funcionario público, toda vez que se encuentra imputado en carácter de coautor y no de partícipe".

Por último, los camaristas señalaron que "el sobreseimiento, por prescripción, dictado no estaba fundado a tenor del derecho aplicable, siendo que, en el caso, en atención a la naturaleza de los cargos que ostentan los funcionarios públicos involucrados se encontraba configurada la causal de suspensión del curso de la prescripción de la acción penal".

En la causa se investigan las responsabilidades de dos funcionarios que tenían a su cargo el control del Campamento y del responsable de la empresa que construyó, diseñó e instaló la caldera, cuyo mal funcionamiento provocó su explosión y causó la muerte de un empleado de Vialidad.

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