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A la violencia de género la siguen de cerca


Por: Diario Judicial @diariojudicial notas@diariojudicial.com

Un juzgado penal ordenó la colocación de un dispositivo de geoposicionamiento para proteger a una mujer, en un caso de violencia de género. Además, dispuso una custodia policial permanente en el domicilio de la víctima.
 


El Jugado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 ordenó la colocación de un dispositivo de geoposicionamiento para proteger a una mujer, en un caso de violencia de género. Además, dispuso una custodia policial permanente en el domicilio de la víctima.

El imputado, pareja de la víctima, fue denunciado ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema por reiteradas situaciones de violencia física y psicológica. Asimismo, se comprobó que incumplió sistemáticamente con la medida de prohibición de acercamiento dictada por la justicia meses atrás.

La finalidad de esta tecnología es garantizar la plena operatividad del Sistema de Seguridad y Prevención del delito de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de controlar la localización de las personas afectadas y denunciadas por medidas de prohibición de acercamiento y violencia de género.

Ante el enorme peligro que corre la mujer, la titular del juzgado, María Alejandra Provitola, sostuvo que el caso "requiere la adopción de medidas en forma rápida, ágil e integral, siendo suficiente para su dictado la sospecha de maltrato o la situación de riesgo, analizada por el equipo interdisciplinario de la Oficina de Violencia Doméstica".

La magistrada destacó que la afectada era destinataria de maltratos físico, psicológico, económico, ambiental y simbólico y que la violencia se presentaba de manera periódica, crónica y cíclica. Por ello, la medida preventiva dictada debe ser “sin plazo” frente a la gravedad de los hechos denunciados y la reticencia del imputado a someterse al cumplimiento de la ley.

La finalidad de esta tecnología es garantizar la plena operatividad del Sistema de Seguridad y Prevención del delito de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de controlar la localización de las personas afectadas y denunciadas por medidas de prohibición de acercamiento y violencia de género.

Por último, Provitola resaltó que su resolución se ajusta a los pactos adheridos por Argentina, destinados a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

En esa línea, la jueza agregó que es deber de la justicia "establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.

 

 

 

 

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