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Que nadie se atreva a tocar honorarios


Por: Matías Werner @matiaswerner mwerner@diariojudicial.com

El fallo que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Honorarios generó un repudio de la dirigencia del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Desde la abogacía bonaerense denuncian un ataque “al sistema arancelario” y anunció que pedirán el juicio político de los jueces.


En un duro comunicado, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, COLPROBA, la entidad que engloba a los 20 Colegios Departamentales del territorio bonaerense, pronunció su “enfático rechazo” al reciente fallo dictado por la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata que declara la inconstitucionalidad de un artículo de la recientemente aprobada Ley de Honorarios Profesionales, y anunció que promoverá las acciones que sean pertinentes y el juicio político de los magistrados.  

 

La sentencia de la discordia

El fallo, suscripto por los camaristas Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, fue dictado en autos "S., P. N. Y otro s/ Divorcio por presentación conjunta” luego de que un letrado apelara sus emolumentos, que fueron fijados conforme la ley 14.967 en 155 ius, que equivale a un total de $182.435.-

 

El Tribunal entendió que la norma violenta la independencia judicial, ya que por la vía de amenazar con una causal de mal desempeño, “el juez podría verse obligado a fijar el mínimo legal"

 

La Cámara declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 16 la Ley 14.967 de honorarios profesionales, que establece que la regulación que no respete los mínimos legales “hará incurrir al juez en falta en los términos del artículo 21 de la ley de enjuiciamiento de magistrados”.

El Tribunal entendió que la norma violenta la independencia judicial, ya que por la vía de amenazar con una causal de mal desempeño, “el juez podría verse obligado a fijar el mínimo legal y explicar que lo decide así en razón de la obligación prevista en el art. 16 de la Ley 14.967 cuya sanción, de tal manera evita, aún en contra de sus convicciones”.

“Reconocer, expresa o implícitamente, que se sigue una conducta para no ser sancionado es un fundamento racional, pero no razonable. Tan racional como patético, en el sentido más profundo de esta palabra que indica un padecimiento moral que conmueve profundamente, causa un gran dolor o tristeza y que resulta insuperable”, agrega la sentencia, a la que accedió Diario Judicial.

Pero además de ello, la Cámara denunció que con la nueva normativa “se ha generado un importante incremento de los honorarios” en relación con la ley anterior, “dando así un resultado económico que luce desproporcionado”.

 

La entidad, que nuclea cerca de 60.000 abogados, sostiene que la sentencia “desorbita las funciones del Poder Judicial por arrogarse los Jueces potestades asignadas a los otros poderes del estado”

 

Es que según la Cámara el mismo porcentaje de atraso en el salario judicial que informa la Suprema Corte, y que la Ley 14.967 “corrige” estableciendo que el nuevo IUS “será el equivalente al salario del juez de primera instancia con 15 años de antigüedad o, lo que es lo mismo, incrementado el básico en un 45%”, implica también que al adecuarse en un futuro los salarios de los magistrados “el IUS se dispararía de manera tal que volvería a crecer otro 40% con relación al actual, agravando de modo inusitado la situación de los deudores”.

 

Enojo de los abogados

Colproba denunció que el pronunciamiento “además de adolecer de graves errores de basamento, se erige en un claro ataque al sistema arancelario de los abogados, que es de naturaleza alimentaria y de orden público” y constituye “un claro ataque al sistema arancelario de los abogados caracterizado por su naturaleza alimentaria y protegido por la imperatividad del orden público”

La entidad, que nuclea cerca de 60.000 abogados, sostiene que la sentencia “desorbita las funciones del Poder Judicial por arrogarse los Jueces potestades asignadas a los otros poderes del estado”, mediante argumentos “basados en un supuesto temor a decidir conforme a la ley, cuando en realidad subyace claramente la voluntad de derogar por vía judicial la totalidad del sistema protectorio de la retribución de los abogados de la provincia”.

“ No está aquí en juego ni la independencia judicial ni la facultad de interpretar las normas con criterios de razonabilidad como se alega en la sentencia, sino el evidente intento de inaplicar -en forma permanente- cualquier norma arancelaria. Ningún Juez puede alegar ¨temor¨ de aplicar las leyes emanadas de los representantes del Pueblo. Menos aún sostenerlo mediante sofismas que encubren intenciones que no se exteriorizan pero están muy claras.”, añade el texto.

Los abogados bonaerenses entienden que “esta lamentable decisión” que también incluye un reclamo salarial de los magistrados, constituye “una nueva demostración de que resulta imprescindible llevar a cabo profundas reformas al sistema judicial de nuestra Provincia, que permitan que el Pueblo tenga una Justicia confiable, que aplique la ley dentro del marco de discrecionalidad que ésta impone y con la efectividad tantas veces reclamada.”

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