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Provincia de Buenos Aires

Una a favor de los docentes


Por: Diario Judicial @diariojudicial notas@diariojudicial.com

La Justicia platense ordenó a la Provincia a activar la cláusula gatillo en los sueldos de los docentes bonaerenses a partir de julio. La gobernación tiene 10 días para apelar el fallo ante la Corte provincial.


El Tribunal del Trabajo Nº 4 de La Plata hizo lugar al pedido de los gremios y ordenó a la provincia a activar la clausula gatillo en los sueldos de los docentes bonaerenses, a partir de los haberes de julio. 

En la causa "FEDERACION DE EDUCADORES BONAERENSES Y OTROS C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION Y OTRO/A S/ AMPARO SINDICAL", los jueces Soledad Moreyra, Adela Di Stefano y Rodolfo Martiarena declararon "ultractividad de la cláusula convencional de paritaria salarial acordada por las partes en el año 2017 de adecuación semestral, cada mes de julio y enero" por variación de los indices de precios al consumidor emitidos por el INDEC. 

 

Los magistrados destacaron que el gobierno provincial no obró de mala fe pero es necesario activar la clausula gatillo, que funciona como "una relativa garantía de que los sueldos docentes no pierdan valor real". 

 

"De alguna manera la provincia de Buenos Aires la ha venido cumpliendo durante este año, con pagos que complementan la pauta salarial convenida en el 2017 y a la que se comprometió a respetar en el futuro a través de su ministro de Economía en la reunión paritaria del día 9 de marzo de 2018", explicaron los jueces.

Los titulares del juzgado resolvieron rechazar los argumentos de los demandantes que sostenían que el gobierno "negocia de mala fe, incumpliendo la ley provincial 13.552, que no se reúne en tiempo ni con la periodicidad oportuna, que no brinda la información necesaria, que no hace esfuerzos conducentes para proteger los salarios docentes de la inflación y los aumentos de tarifas". 

En ese sentido, según su análisis, el ejecutivo provincial "no incurrió en conducta pasible de ser sancionada por temeridad y malicia".

Los magistrados destacaron que el gobierno provincial no obró de mala fe pero es necesario activar la clausula gatillo, que funciona como "una relativa garantía de que los sueldos docentes no pierdan valor real". 

El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires tiene 10 días, a partir de hoy, para apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia. 

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