Diputados de varios bloques debatieron en la Cámara de Diputados de la Nación sobre los aspectos legales y constitucionales de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Los artículos del Código Penal que entraron a la discusión del recinto.
Desde las 11.20 de la mañana, la Cámara de Diputados de la Nación debate el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con un ajustado muy reñido. El conteo del minuto a minuto iguala la cantidad de votos para los que apoyan la legalización y para quienes se oponen. En caso de empate, deberá definir Emilio Monzó.
Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, fue el encargado de abrir la sesión y expresó que esta ley es la “lucha de las miles de mujeres” que “vienen trabajando hace muchos años para lograr llevar a este recinto un proyecto que legalice la interrupción del embarazo”.
La sesión generó un conteo de votos minuto a minuto apasionante que muestra un posible empate y todavía quedan cerca de 14 legisladores indecisos. Se prevé que la discusión se extenderá hasta altas horas de la madrugada y la definición llegaría a primera hora del jueves.
La lista de los indecisos la encabezan el formoseño Ramiro Fernández Patri (FpV-PJ), el misionero Jorge Franco (Frente de la Concordia Misionero), el tucumano Facundo Garretón (Pro), la formoseña Inés Lotto (FpV-PJ), la santiagueña Mirta Pastoriza (Frente Cívico), el fueguino Héctor “Tito” Stefani (Pro) y el propio presidente de la Cámara, Monzó.
Una cuestión de derechos y constitucionalidad
La mayoría de los argumentos, tanto a favor como en contra, giraron alrededor de la constitucionalidad de la legalización del aborto y las actuales leyes vigentes en el país. Al respecto, Lipovetzky señaló que “no hay ningún artículo de nuestra Constitución que prohíba la legalización del aborto” y que desde el Comité de Derechos Humanos de la ONU “nunca se le dijo a ningún Estado miembro de la ONU que la interrupción voluntaria del embarazo violaba una convención internacional”.
En la misma línea, el legislador citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que resaltó que “el embrión no puede ser considerado persona”.
Con una mirada en contra, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, sostuvo que el proyecto “no promueve ninguna política; la única que se promueve es la de la muerte, no hay otra. Hablan de miles y miles de vidas que se van a salvar. Y las miles y miles que no van a poder iniciar siquiera, ¿qué va a pasar con ellas? ¿O tenemos que pensar que ese ser que está naciendo no es persona?”.
Lipovetzky también destacó la necesidad de modificar el artículo 86 de Código Penal porque "no se trata de salvar las dos vidas, se trata de salvar miles de vidas; esa es la responsabilidad que tenemos como diputados y que no podemos seguir eludiendo”.
Carla Pitiot, del Frente Renovador, se pronunció en contra y argumentó: "No podemos permitir que los derechos de algunas mujeres estén por encima de los derechos de los niños por nacer. Esta ley va abrir una puerta peligrosa a malas interpretaciones para saber cuándo hay vida y cuándo no".
En la misma línea, Elda Pertile, diputada por Chaco, sostuvo que "decir que la vida comienza en la semana 14 es negar la concepción. El niño en nuestro vientre es una persona distinta de la madre".
A su turno, la también chaqueña Analía Rach Quiroga, contundente expresó que “ninguna legislación nacional o tratado internacional impide la despenalización del aborto. La protección del derecho a la vida, según las normas, no es absoluta. Este es un tema de salud pública y de justicia social”.
Lo que se discute
Finalmente, obtuvo dictamen el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito aunque se introdujeron modificaciones para lograr el consenso y, sobre todo, atraer a los indecisos.
La iniciativa permite la interrupción del embarazo a demanda hasta la semana 14, y luego de ese plazo, se habilita la práctica en casos de violación, riesgo para la vida o la salud de la gestante, o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto, causales que permiten la despenalización en la actualidad.
Entre los cambios que se realizaron se incorporó la objeción de conciencia individual, la creación de consejerías integrales no obligatorias pre y post aborto, y en el caso de las menores de 16 años se remite al artículo 26 del Código Civil, donde se presume que la mujer “tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”.
Por último, se condena con pena de prisión de entre tres y diez años al médico que obre sin consentimiento de la mujer y con penas de entre tres meses y un año si realiza el aborto a partir de la semana 15, sin consentimiento de la gestante.
La sesión generó un conteo de votos minuto a minuto apasionante que muestra un posible empate y todavía quedan cerca de 14 legisladores indecisos. Se preve que la discusión se extenderá hasta altas horas de la madrugada y la definición llegaría a primera hora del jueves.
Al momento del cierre del diario, la sesión continuaba.