Una Sala de la Casación Federal rechazó un planteo para que todos los integrantes de la Cámara se aparten de intervenir en la causa en la que se investiga al juez Juan Carlos Gemignani por ordenar la detención de una secretaria.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó in limine una recusación formulada respecto a todos los miembros del Tribunal en el marco de la causa que se sigue contra un integrante del mismo, Juan Carlos Gemignan, por la presunta comisión del delito de privación ilegal de la libertad agravada.
El planteo fue realizado por el fiscal general ante la Cámara, Javier De Luca, por entender que resultaba "imposible garantizar la imparcialidad en el caso de autos" ya que el imputado era "un juez que actualmente integra la Cámara Federal de Casación Penal" y que la denunciante "resultaba ser secretaria de una de las Salas de esta Cámara".
Pero mientras Slokar se excusó de intervenir, alegando una situación de "violencia moral", los otros camaristas discreparon con los fundamentos del fiscal, que también había puntualizado que cualquier decisión que ellos tomaran afectaría la relación entre pares y empleados.
La causa llegó a conocimiento de la Sala I, integrada por jueces Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y Gustavo Hornos, por un recurso interpuesto por la defensa de Gemignani, que buscaba recusar a la fiscal Paloma Ochoa, y cuyo pedido fue rechazado en dos oportunidades.
Pero mientras Slokar se excusó de intervenir, alegando una situación de "violencia moral", los otros camaristas discreparon con los fundamentos del fiscal, que también había puntualizado que cualquier decisión que ellos tomaran afectaría la relación entre pares y empleados.
Hornos, en su voto, sostuvo al rechazar el pedido que el mismo se fundaba "en la invocación de una determinada relación laboral y las funciones que de ella se derivarían –que no se encuentra taxativamente contemplada en la norma- sin relacionarla en forma concreta con alguna actitud del suscripto de modo de fundar –objetivamente y en concreto- el temor de parcialidad aludido".
Los hechos que dieron origen en la causa se remontan a julio de 2016, cuando al cierre de la feria judicial Gemignani – en ese momento presidente interino de la Casación- ordenó la detención de la secretaria de la Sala I, María Amelia Expucci, porque se habría negadoa hacer un inventario de unas cajas con documentación, que para el magistrado eran "una especie de dádiva para los integrantes de la Cámara" proveniente del Ministerio de Planificación Federal.
Hornos, en su voto, sostuvo al rechazar el pedido que el mismo se fundaba "en la invocación de una determinada relación laboral y las funciones que de ella se derivarían –que no se encuentra taxativamente contemplada en la norma- sin relacionarla en forma concreta con alguna actitud del suscripto de modo de fundar –objetivamente y en concreto- el temor de parcialidad aludido".
Tras la negativa, Gemignani denunció a la empleada judicial por "presunto encubrimiento" en ese caso de"dádivas" de un alto funcionario público a la propia Cámara de Casación y le ordenó a dos oficiales de la Policía Federal que detengan a Expucci, que estuvo alojada en la Alcaldia de Tribunales durante casi una hora y media hasta que el juez federal Martínez De Giorgi ordenó su liberación.
Cuando la funcionaria judicial obtuvo su libertad, formuló la denuncia contra Gemignani que originó las actuaciones. Al poco tiempo, el presidente de la Cámara en ese momento, Alejandro Slokar, se constituyó ante el presidente del Consejo de la Magistratura para dar cuenta de los hechos.