El Ministerio de Justicia avanza con la reforma del Código Procesal Penal y busca que el proyecto sea debatido este año en el Congreso. La implementación llevará de cinco a siete años y se empezará por los extremos al centro del país.
El Ministerio de Justicia avanza en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Para ello, el ministro Germán Garavano mantuvo una reunión con autoridades para consensuar la futura implementación.
El proyecto será presentado el 2 de marzo, incluirá leyes ya sancionadas -flagrancia, proyección de las víctimas y unipersonalidad del juzgamiento- y comenzará a debatirse en la Comisión Asuntos Penales.
El texto, entre otras cuestiones, le otorga mayor protagonismo a los fiscales, establece la toma de decisiones en audiencias orales y permite que los jueces que condenen en primera instancia puedan determinar la prisión inmediata de los acusados, sin la necesidad de que el fallo quede firme.
Participaron en la reunión el presidente de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Rodolfo Urtubey, el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; en representación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez Julián Ercolini, el titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.
“Para las personas detenidas, las angustias y sufrimientos que provoca no saber qué pasa con ellos es fundamental. Quieren ser condenados o liberados”, destacó la defensora general de la Nación.
“La instrumentación del nuevo Código Procesal Penal Federal supone un profundo cambio en el sistema judicial, que implica un antes y un después en la forma de tramitar una causa penal, es por ello que se hace imprescindible contar con la puesta en común de un criterio federal para la elaboración del plan de implementación”, resaltó el ministro de Justicia.
El senador Urtubey destacó que “el proyecto de 2015 se ha enriquecido con propuestas del Gobierno, como la figura de flagrancia, los juicios unipersonales y la Ley de Víctimas”, y añadió: “Ahora también trabajaremos por un recurso de casación pleno”.
“Para las personas detenidas, las angustias y sufrimientos que provoca no saber qué pasa con ellos es fundamental. Quieren ser condenados o liberados”, destacó la defensora general de la Nación.
La cartera prevé una instrumentación que tomará de cinco a siete años. Se aplicará progresivamente y se empezará por los extremos al centro del país. “Estamos planificando una implementación que llegue en última instancia a las provincias con estructuras más complejas y mayor cantidad de casos”, advirtió Garavano.