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Consejo de la Magistratura

Juzgando la Justicia judicial


Por: Rita Lucca @ritalucca rita@diariojudicial.com

Durante el año que se va, la Justicia Federal de Comodoro Py se vio envuelta en investigaciones y graves denuncias por mal desempeño. La situación de los magistrados que investigan algunas de las principales causas de corrupción y narcotráfico del país.


El 2017 fue un año clave para los jueces de Comodoro Py. Los tribunales federales, ubicados en el barrio porteño de Retiro, fueron el centro de las miradas por las causas de corrupción y las denuncias a los magistrados.

El protagonista del año fue el ex juez federal Eduardo Freiler, quien fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación por “mal desempeño” de sus funciones. La acusación le atribuyó presuntas irregularidades en las declaraciones juradas, incumplimientos fiscales y supuesto incremento injustificado de su patrimonio.

El ex camarista federal, que vio pasar por su despacho muchas causas de gran repercusión política, confesó recientemente estar preparándose para ejercer la profesión como abogado mientras se resuelve el recurso extraordinario interpuesto contra el jury.

Por su parte, el titular del Juzgado Federal porteño número 3, Daniel Rafecas, tampoco pasa por su mejor momento. El juez quedó en la mira por haber desestimado la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán, apenas un mes después de la muerte del fiscal.

La situación de Rafecas se definirá recién en febrero cuando el senador por la UCR y miembro del Consejo de la Magistratura, Ángel Rozas, presente el dictamen que podría culminar con la suspensión, juicio político y destitución del magistrado. Cabe señalar que la denuncia cumplirá tres años en marzo, que es el tiempo en el que caducan los expedientes en el Cuerpo si no son tratados.

 

Rafecas se postuló para el cargo de defensor general ante la Corte Suprema, pero la denuncia ante el Consejo de la Magistratura podría culminar con su destitución.

El magistrado federal Ariel Lijo fue otro de los personajes centrales de Comodoro Py por las denuncias y acusaciones a raíz de las  supuestas "demoras excesivas en la tramitación de causas" por corrupción.

Puntualmente, el Colegio de Abogados de la Ciudad y la ONG Será Justicia denunciaron ante el Consejo al juez Lijo por "cajonear" expedientes. También acusaron a Rafecas por el estado procesal de las causas que tramitan en su juzgado.

En 2016, el Consejo ordenó una auditoría sobre la Justicia federal criminal de todo el país y su resultado, que se conocerá en los próximos meses, podría derivar en el inicio del juicio político de varios jueces federales. Según los primeros datos del relevamiento, las causas por corrupción suelen acumular demoras de entre cinco y hasta 15 años, y en apenas un 38 por ciento de los casos tiene llamado a indagatoria. Los jueces lo ponen en duda, mostrando sus propias estadísticas.

Muchas denuncias son recortes de diario o simples pujas de intereses. Muchos usan a los Tribunales como espacio de publicidad gratuito y duradero, explican. 

Claudio Bonadio también sumó nuevas presentaciones ante el órgano encargado de la designación y remoción de jueces. En la actualidad tiene varios expedientes abiertos aunque ninguno lo compromete en el futuro inmediato.

 

Bonadio es el magistrado en actividad que más denuncias recibió en el Cuerpo. La gran mayoría fueron desestimadas.

 

La última presentación fue realizada por la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman a raíz del procesamiento por "traición a la Patria" por la firma del Memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán en relación con la causa AMIA. El expediente quedó a cargo del consejero Léonidas Moldes.

Enrique Lavié Pico también quedó dentro de la lista de jueces denunciados, luego de que la diputada Elisa Carrió lo acusara por haber eximido de Ganancias a los bingos del presidente de Boca y empresario, Daniel Angelici.

Carrió atribuyó al magistrado “incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias” y “realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”. Esta última denuncia aún no fue sorteada entre los consejeros y deberá esperar hasta que se retome la actividad, en febrero.

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