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Macri ordenó crear una comisión especial

Fraude y a la bolsa


Por: Matías Werner @matiaswerner mwerner@diariojudicial.com

La propuesta oficial de crear una “Comisión de Seguimiento” de casos de “Fraude Laboral” con el objetivo de combatir la “industria del juicio” ya es motivo de debate en el mundo jurídico. El caso de los “bolseros”. Diario Judicial consultó a especialistas y analizó casos resonantes.


El anuncio de una iniciativa para crear una “comisión”, a cargo del Ministerio de Trabajo, para controlar los casos de “fraudes” en juicios laborales, reavivó las disputas entre el Poder Ejecutivo y un sector de la Justicia, que se siente “particularmente” atacada.

El fuero Laboral ha sido uno de los blancos predilectos en los últimos discursos del presidente Mauricio Macri, que desde hace meses viene denunciando una “mafia” dedicada a iniciar demandas que logran hacer quebrar a pequeñas y medianas empresas e impiden, consecuentemente, la generación de empleo de calidad.

En estricto off, abogados del foro le comentaron a este medio que se trata de letrados que trabajan arreglados con las ART, especialmente con empleados o directores “infieles” de las aseguradoras, que les pasan listados de enfermos y accidentados.

Con la disputa sobre la constitucionalidad de la Ley de ART “empantanada” en un proceso judicial, y con la mayoría de las provincias aun sin adherir a la norma que prevé la obligatoriedad del procedimiento ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, y con varios fallos de la Corte Suprema que dejaron en “off side” a varios de los magistrados del fuero del Trabajo, ahora el Poder Ejecutivo retoma la iniciativa y busca controlar los casos de “fraude” contra las empresas y las ART por parte de supuestos grupos de estudios jurídicos.

Los “Bolseros”

Según la tesis oficial, existen contados estudios jurídicos que se dedican a iniciar demandas fraudulentas contra empresas y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo que le generan pérdidas millonarias a la industria, que a su vez significan cuantiosas ganancias en concepto de honorarios. En el ambiente tribunalicio son conocidos como “bolseros”.

En estricto off, abogados del foro le comentaron a este medio que se trata de letrados que trabajan arreglados con las ART, especialmente con empleados o directores “infieles” de las aseguradoras, que les pasan listados de enfermos y accidentados. Estos abogados contactan a los accidentados para iniciar las demandas y, una vez ganado el juicio, les otorgan un porcentaje a los directores.

Un abogado con años en tribunales le señaló a Diario Judicial que en esa estructura operan desde el director de la ART “hasta el remisero que hace los traslados” y que a veces “hay participación hasta de los médicos que los atienden”.

Córdoba y un caso paradigmático

A propósito de esta suerte de mafia, hace pocos días la Justicia de Córdoba se pronunció sobre un conocido caso de “industria del juicio” en la Provincia, donde un grupo de abogados y médicos se encuentra al borde del juicio oral por una megaestafa a Provincia ART.

Se trata de un grupo de abogados y un médico que se encentran imputados por los delito de asociación ilícita, estafa procesal, certificado médico falso y falsificación de instrumento público, quienes recientemente las Cámara en lo Criminal y Correccional de 9° Nominación les rechazó un pedido de sobreseimiento por extinción les rechazó el pedido de sobreseimiento por extinción de la acción penal.

“La presente causa refiere maniobras consistentes en la reunión intencional de profesionales, todos necesarios (abogados-médicos laboralistas) para la realización de la estratagema diseñada (asociación ilícita), que, defraudando la confianza que supone su habilitación para el ejercicio profesional, utilizaron sus conocimientos, y su pericia y experiencia en torno al normal desenvolvimiento de las cuestiones planteadas, determinando la comisión de numerosos hechos ilícitos. En tal empresa delictiva, valiéndose del sistema judicial, generaron una ‘industria del juicio’ con sus consecuentes honorarios, brindándoles pingües ganancias, todo lo cual intentaron perpetuar en el tiempo”, había señalado el Tribunal Penal en la resolución, a la que accedió Diario Judicial.

La punta del iceberg

La contrapartida de este discurso esta formulada por abogados particulares que litigan en el fuero laboral defendiendo los derechos de los trabajadores y que consideran que esta denuncia en realidad es una pantalla para atacarlos directamente, a ellos y a los trabajadores que reclaman.

Leandro Recalde, abogado especializado en Derecho del Trabajo e integrante Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio, considera correcto que se investiguen las estafas procesales, pero descree de las intenciones del Poder Ejecutivo a la hora de crear una comisión de seguimiento.

“Lo que sea investigación de estafas procesales, nos parece correcto, porque las hay”, le comenta Recalde a Diario Judicial, a la vez que apunta que la información que se desliza sobre este negocio, que generaría sumas millonarias en honorarios “no tiene mucho fundamento”.

El abogado laboralista, hijo del histórico letrado de la CGT se mostró de acuerdo en “corregir esta práctica desviada”, pero advierte que la iniciativa “podría ser preocupante”, porque a algunos “no les importa tanto el interés del trabajador, sino condicionar el ejercicio de la profesional, la defensa de los derechos del trabajadores y jueces del trabajo”.

Recalde pone voces de alarma respecto a posibles desviaciones en este sentido, y pone como ejemplo la demanda judicial que inició la Corriente de Abogados Laborales contra las “listas negras” de abogados que plantean la inconstitucionalidad de la nueva ART.  “Una cosa es decir que hay algunos que ejercen de manera desviada y otra muy distinta es armar listas negras de abogados y de jueces”, alerta. El letrado lo sintetiza: “hay que hacer énfasis en que esto no puede llevar a matar el perro porque tiene rabia”.

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