Adriana Donato es la actual representante de los abogados de la matrícula federal en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La consejera dialogó con Diario Judicial sobre su postura frente a los concursos y subrogancias. Además, Donato dio su parecer sobre los expedientes electrónicos y el nuevo Código Procesal Penal.
Desde su posición como representante de los abogados de la matrícula federal, ¿Qué cambios puede aportar al seno del Consejo?
Con relación a los concursos, la visión del abogado para buscar el perfil de los jueces, y las respuestas que muchas veces necesitamos. Yo generalmente pregunto sobre el tema honorarios, porque es una gran preocupación. Por ello, venimos bregando desde el Colegio Público de Abogados, ya que hace a la dignidad de los letrados. Lo mismo respecto a las cuestiones edilicias, porque la infraestructura hace a la calidad del trabajo. Me ha ocurrido estar en audiencias donde realmente era imposible tener la concentración que requiere un caso, por ejemplo en Lavalle 268. En este juzgado laboral, la sala de audiencias es muy grande, pero se escucha todo lo que ocurre en la sala contigua. De esta forma, uno está interrogando a un testigo y está escuchando lo que contestan en otro juicio, que nada tiene que ver. En otra ocasión, estábamos cuestionando la patria potestad de un padre en una sala de medidas absolutamente reducidas y teníamos testigos, que tenían cierto temor respecto a la parte a quién estábamos demandando y la situación era extremadamente difícil. Mínimamente tenemos que dar mejores edificios.
En el último plenario se aplicó el sistema de videoconferencias para las audiencias públicas de los concursantes, ¿cuál es su análisis sobre esta nueva implementación?
Celebro la iniciativa, porque muchas veces las entrevistas son muy cercanas al encuentro personal y no hay mucho más para agregar. De esta forma, lo que ya preguntamos en el seno de la comisión, no tiene mucho sentido reiterar las preguntas. Hay que cumplir con las formalidades legales, pero movilizar a tanta gente que viene de las provincias es un esfuerzo y un gasto inútil. Sin duda, hay que utilizar los medios tecnológicos para solucionar estas cuestiones.
¿Cómo entiende la gran cantidad de subrogancias?
Mi opinión está reflejada en cuales han sido mis votos. En principio, sería conveniente que no haya subrogancias. Sin embargo, nosotros tenemos que atenernos a la ley y en tal sentido he votado. Habiendo un juez de la jurisdicción en condiciones de ejercer la subrogancia debe preferirse antes que un secretario o abogado de la matrícula. En este último caso, creo que es una situación meramente excepcional cuando no hay ningún juez de la jurisdicción o materia que pueda subrogar. En los casos de juzgados de familia, donde nos consta que los jueces no pueden subrogar por la gran dedicación y el tiempo de la materia que tratan, en esta circunstancia voy a votar por quién se encuentre en mejores condiciones de subrogar, ya sean secretarios o abogados.
Se han postergado en reiteradas ocasiones los concursos Nº 212 y Nº 260, ¿Cómo evalúa esta decisión?
En general consideramos los concursos que podemos sacar con algún consenso previo. Hay ciertos concursos que traen algunas complicaciones. Desde ya, como principio a todos nos gustaría que los juzgados y cámaras estén completas, pero a veces hay dificultades en ponernos de acuerdo. La verdad es que la postergación obedece a ese motivo.
En cuanto a las diferencias sobre los plazos legales de los expedientes, ¿Cuál es su visión?
El 8 de mayo presenté un dictamen con mi posición y espero que se trate en el próximo plenario, porque hace a la seguridad jurídica. Que sigamos discutiendo si son días hábiles o no, crea una gran inseguridad y no es serio. Yo sostengo en mi dictamen, que se debe derogar el artículo 5 del Reglamento sobre el plazo de cuatro meses. Porque la ley dice que debe ser tratado inmediatamente, y por vía reglamentaria se está afectando una norma que es imperativa. Vamos a dejar de aventar cualquier duda al respecto y solamente vamos a cumplir la ley que establece que debe tratarse en forma pronta, es decir primer plenario. Hay argumentos que afirman que no se puede tratar en enero, entonces presentemos antes los dictámenes. Sinceramente opino que no puede seguir estando vigente y, de esta manera, si mis colegas me acompañan obviamente mi propuesta ya está por escrito en la Comisión de Reglamentación.
¿Cómo interpreta la gran cantidad de desestimaciones in limine?
Puedo hablar de todas, porque realmente he leído todas. Las que se han desestimado, se debían desestimar. Los jueces y cualquiera que tiene un cargo de semejante envergadura, muchas veces son denunciados porque a una de las partes no le gusta la decisión. En los casos puntuales que hemos visto correspondía la decisión.
En las reuniones del Consejo se ha manifestado la preocupación por los costos derivados del alquiler de los inmuebles, ¿Qué opina al respecto?
En cuanto a todo lo que es tecnología, prefiero que se alquile en razón de la naturaleza de los bienes. Pero obviamente si se está pagando muchísimo en materia de locación, tendríamos que pensar en comprar esos edificios. Incluso las mejoras quedarían en beneficio del Poder Judicial, y no del titular registral del bien que se trate. En el caso puntual de Lavalle, quiero aclarar que expresé la gran necesidad mudar el edificio de Perón a Lavalle. Antes de ver el nuevo contrato, deseo conocer una causa penal que se inició. De esta forma se libró el oficio correspondiente, porque si no vamos a reconducir un contrato con alguien que puede estar sospechado.
¿Y respecto a la deuda del Consejo con la Corte Suprema de Justicia?
Creo que los actores de esta cuestión se deben sentar y discutirlo.
El pleno dio visto bueno a la creación de nuevos juzgados y cámaras, como por ejemplo en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, en la provincia de Santa Cruz, ¿Cuál es su postura?
Me opuse puntualmente, ya que creo que Piedra Buena no llega a ser ciudad. Para ser considerarla ciudad en Argentina, son más de 6 mil habitantes. Por la demografía y la cantidad de causas, no tiene ningún justificativo. Sin embargo, hay que analizar cada caso puntual.
En relación a esto, se propuso como alternativa crear una segunda sala, ¿Qué opina?
Es una propuesta adecuada, ya que facilita las subrogancias breves.
El Colegio Público de Abogados de la Capital solicitó la suspensión del expediente electrónico, ¿Cuáles son los principales motivos?
Las principales dificultades son de estructura y adecuación. El Colegio Público tiene una matrícula superior a los 80 mil abogados, con diferentes edades y disímiles conocimientos en informática. Es evidente que en estos momentos no están dadas las condiciones, incluso las económicas. Cualquiera puede tener un escáner, pero entiendo que para poder cumplir especialmente con el tema copias se requiere un mejor dispositivo por la velocidad y el tamaño de las hojas. Un escáner no es algo caro, pero se debe adquirir y después aprender a usarlo. Muchas veces necesita que alguien lo maneje, porque todo parece sencillo pero lo es para las nuevas generaciones. Además, estoy en conocimiento que hay complicaciones en el propio Poder Judicial. Tenemos reclamos respecto del funcionamiento del sistema, por ello el Colegio está pidiendo que se vayan dando todas las quejas a través de la web. En mi opinión, es un sistema que debe coexistir dos o tres años. Sin embargo, actualmente no están dadas las condiciones para implementarlo de forma inmediata y obligatoria. También hay muchos abogados que ya lo están utilizando, pero es un cambio muy profundo y difícil.
¿Cuáles cree que son los principales problemas que enfrentan los abogados porteños?
Hay una complicación que es común a los abogados porteños y a toda la abogacía en general, que son las grandes modificaciones legislativas. Ir actualizándose es algo bastante difícil, ya que los cambios generalmente son puntuales respecto de determinados institutos. Hoy se modifica todo ese espectro y conlleva muchas horas de estudio. Cuando uno tiene que trabajar y mantener un estudio, no siempre alcanza el tiempo. Además, en gran cantidad de ocasiones los jueces regulan por debajo de lo que realmente es el trabajo profesional. Los desafíos son enormes y las complicaciones también.
¿Y respecto al proyecto de Ley de Honorarios Profesionales?
Es fundamental que salga la Ley de Honorarios, que le confiere carácter alimentario y orden público. Este último punto, es donde se ha trabado en el Congreso, ya que no le quieren conferir tal carácter. Si se elimina este asunto, corremos el riesgo de que no se aplique. Pretendemos que los jueces y abogados respeten los mínimos arancelarios, porque con honorarios dignos se puede trabajar mucho mejor. Este proyecto tiene la virtud de enseñarnos a actuar dignificando la profesión y, de esta forma, cobrar los honorarios correspondientes. Vamos a seguir bregando para que salga, pero no es fácil y hay muchos intereses. Actualmente, la iniciativa está con trámite parlamentario.
¿Cuáles son sus preocupaciones sobre el nuevo Código Procesal Penal?
Más allá de todas las críticas que se le han hecho, me preocupa el artículo 8 del proyecto de ley orgánica, que se refiere a facultades disciplinarias d