25 de Abril de 2024
Edición 6953 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 26/04/2024
Un proyecto de consenso

A falta de Policía provincial...

El Senado de Santa Fe sancionó la ley que prevé la creación de la Policía Judicial. La propuesta había ingresado por diputados y obtuvo media sanción en septiembre de este año. Los investigadores tendrán independencia de las fuerzas uniformadas provinciales.

El debate ya está planteado en muchas provincias, e imitando la experiencia de Buenos Aires, la Cámara Alta de Santa Fe sancionó esta semana la creación de la Policía Judicial, un órgano de investigación que funcionará de forma independiente de las fuerzas uniformadas. De esta forma, y al igual que en todos los lugares donde se prevé o discute la creación de un órgano semejante, se busca terminar con los vicios y manejos discrecionales de las investigaciones cuando intervienen instituciones como la Policía provincial.
 
En septiembre de este año, la Cámara Baja había dado su aval a la iniciativa presentada por Eduardo Toniolli (FpV), quien buscó acoplar la propuesta con la sanción del nuevo Código Procesal Penal y el proceso de reforma de la Justicia que está llevando a cabo Santa Fe y que se prevé finalice para comienzos de 2014, aunque la perspectiva inicialmente era que para fin de este año se ajustaran los últimos detalles.
 
De todas maneras, el gobernador Antonio Bonfatti, un mes antes de la presentación del proyecto, había advertido que para llevar a cabo un proceso integral de transformación de la Justicia era necesario escindir la investigación de las fuerzas uniformadas. Era necesario, entonces, crear una Policía Judicial.
 
Antes de eso, el proceso de elaboración de la medida fue discutido en diversos encuentros sostenidos por especialistas e integrantes de la administración de Justicia a partir de mayo de este año. Académicos, integrantes del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial pusieron de relieve la necesidad de contar con una herramienta de estas características.
 
La propuesta de Toniolli se basó, de todas formas, en otra que había presentado el senador Armando Traferri, que había recibido media sanción pero que perdió estado parlamentario. A la vez, el integrante del Movimiento Evita destacó que se logró llegar a un acuerdo con los demás bloques para consensuar un proyecto, que en la Cámara Baja fue aprobado por unanimidad.
 
La idea del diputado es “crear un cuerpo bajo la órbita del fiscal general de la provincia. A partir de la plena implementación del nuevo código procesal penal los fiscales tendrán un rol central en las investigaciones. A partir del nuevo código de procedimiento, los fiscales investigan y los jueces imparten condenas. Para que puedan hacer eso necesitan un organismo especializado que los acompañen, por lo menos para los delitos complejos”.
 
La Policía Judicial actuará, según consignó el miembro de la Cámara Baja, “en delitos ligados al narcotráfico, la trata de personas y todas aquellas conductas que tengan por protagonistas a funcionarios públicos, ya sean políticos, judiciales o policiales”. Al mismo tiempo, aseguró que se busca “transparentar la administración de Justicia y jerarquizar la investigación criminal”.
 
En torno al funcionamiento de la Policía provincial cuando se trata de su rol en la Justicia, Toniolli recordó que “en todo 2012 hasta mayo de 2013 recibieron 334 denuncias; la mitad de esas causas judiciales no avanzaron, y sólo hubo un procesamiento”. Siguiendo este orden de ideas, afirmó que la iniciativa es “muy importante porque el cuerpo deberá tener independencia administrativa y funcional de la policía o del Ministerio de Seguridad. Es decir, es un cuerpo de investigadores bajo la órbita del fiscal general de la provincia”.
 
“Hubo señales clarísimas de que el narcotráfico se comía a la política. El triple crimen de Villa Moreno, donde fueron asesinados tres jóvenes en Villa Moreno, fue una señal tremanda. Ahí se articulaban todos los elementos del tráfico. Hay un discurso muy instalado que dice que el combate efectivo del delito y la defensa de las garantías y derechos individuales van por carriles separados. Esto no es así.  Hay demostraciones concretas de que la violación de determinados procedimientos o de garantías constitucionales, son herramientas para la gestión del delito por parte de las fuerzas de seguridad”, concluyó el diputado.


dju

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