26 de Abril de 2024
Edición 6954 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 29/04/2024

Brevatas

Audiencia de la Corte por la vivienda digna | Piden a ACUMAR que informe | Los jueces puntanos percibirán el 82% móvil en sus haberes jubilatorios

 

La Corte Suprema realizó una audiencia pública en un caso por el derecho a una vivienda digna

La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó, esta mañana en la Sala de Audiencias del Tribunal, una audiencia pública relativa al derecho a una vivienda digna, en el marco de un caso que llegó recientemente a su conocimiento. La audiencia pública tuvo carácter informativo y fue impulsada en el marco de la causa “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo”. La acción de amparo fue planteada por la actora en su nombre y en el de su hijo de seis años, que padece una discapacidad derivada de una encefalopatía crónica, contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los demandantes percibían un subsidio en el marco de programas sociales en vigencia, cuya normativa pone límites en tiempo y montos a los beneficios que otorgan. Mediante una medida cautelar, la mujer y su hijo,  consiguieron que se prorrogue esa asistencia hasta el presente. Ante la convocatoria de la Corte Suprema comparecieron en la audiencia pública, por la parte actora, Graciela Christe -Defensora General Adjunta del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y Julián Horacio Lavengin -Defensor Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación-. Entre tanto, por la parte demandada asistieron Ramiro Ricardo Monners Sans, Procurador General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y María Eugenia Vidal actual Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, en el acto estuvieron presentes todos los Ministros del Alto Tribunal Nacional. Los jueces Lorenzetti, Highton, Maqueda y Zaffaroni interrogaron a las partes acerca de los beneficios y programas sociales que percibe la persona involucrada en el caso; las características, alcance y montos de los planes habitacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; las prestaciones que brindan los paradores nocturnos; la cantidad de personas en situación de calle que presentaron reclamos ante la Defensoría porteña, la cantidad de personas bajo cobertura de programas sociales y los porcentajes de ejecución actual de esos planes, las características de los presupuestos asignados a planes de vivienda, la cantidad de plazas que ofrece el Gobierno de la Ciudad para atender las necesidades de las personas en situación de calle, las alternativas o soluciones habitacionales ofrecidas a la actora y las posibilidades de coordinar acciones con el Gobierno Nacional para brindar respuestas a las personas en situación de calle.

Armella solicita

Luis Armella, titular del juzgado federal de Quilmes, dictó una resolución en la que intimó a la ACUMAR para que “en el perentorio plazo de quince (15) días informe el plan de vigilancia y control escogido por cada uno de los municipios de la Cuenca así como por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” respecto de los basurales que fueron saneados. El magistrado también solicitó a la ACUMAR que presente “los contratos de recolección signados entre cada municipio de la cuenca así como de la C.A.B.A. con sus respectivas empresas recolectoras”, ya que de las certificaciones realizadas por personal del juzgado “se ha advertido que en muchos casos el sistema de recolección plantea falencias”. Asimismo, le requirió a la autoridad administrativa que informe quiénes ejercerán la vigilancia de los basurales recuperados y “el plan integral adoptado por cada uno de los municipios”, del cual surja “la determinación del destino que deberá otorgarse a cada basural recuperado, indicando la titularidad de la propiedad del mismo”.

El 82% movil es una realidad para los jueces puntanos

Gracias a una medida tomada por el Juzgado Federal de San Luis, el reclamo de los magistrados puntanos de cobrar el 82% móvil en sus haberes jubilatorios ahora será cumplido. El tribunal hizo lugar a una "acción declarativa de certeza" que fue interpuesta en 2010 por el Colegio de Magistrados puntano contra el Estado Nacional. Fuentes judiciales aseguraron que "de esta manera, el 82% móvil que contempla la Ley 24.018 también los alcanzará". La legislación hace referencia a las "asignaciones mensuales vitalicias" que reciben los altos cargos del Poder Ejecutivo, jueces de la Corte Suprema de Justicia y legisladores nacionales.

 



dju

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