A pesar de que mañana se realizará una nueva audiencia pública por la causa Riachuelo, la polémica por las tomas sigue latente. No hay un acuerdo entre la Nación y el gobierno de la Ciudad sobre quién debe hacerse cargo de las tomas de las viviendas del Bajo Flores.
Los residuos que flotan en el Riachuelo esperan, desde julio de 2008, ser retirados en una acción conjunta que desde entonces debían realizar las autoridades de Nación y Ciudad de Buenos Aires. Al menos así lo había determinado la Corte Suprema en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional s/daños y perjuicios”. Por eso, resulta poco gracioso que el tribunal superior haya convocado para mañana a las 10 a una nueva audiencia pública para saber en qué estado se encuentra esta situación y cuáles son los avances en un tema que parece estar cada día más alejado de la agenda política de los gobernantes de turno.
Pese a la desidia que se evidencia en las cuestiones relacionadas con este saneamiento, en un sondeo realizado por DiarioJudicial.com en febrero de este año algunos abogados opinaron al respecto y, por ejemplo, Carlos Barcia aseguró que "la Justicia no agotó todas las instancias posibles. Están apareciendo leyes y normas nuevas con respecto al derecho ambiental que se podrían aplicar para lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo".
Esta causa trajo problemas aún mayores de lo que se esperaban: la toma de las viviendas en Bajo Flores está ligada al problema del Riachuelo, ya que esos departamentos iban a ser destinados para los habitantes de "El Pueblito" y Villa Luján, dos asentamientos que están a la vera del río.
Las 204 viviendas eran parte del plan de saneamiento, que incluía, entre otras cuestiones, brindarle un nuevo espacio a la gente asentada en ese área que hoy sigue estando sumamente contaminada y resulta muy peligrosa para la salud de cualquier persona.
Por si fuera poco, el viernes pasado la Asociación de Magistrados hizo circular un comunicado en el que llamaba la atención de los gobiernos nacional y de la ciudad de Buenos Aires, ya que consideraban que las partes debían "acatar las órdenes del Poder Judicial, sin que quepa interpretación alguna por parte de ellas", con respecto a la falta de responsabilidad por las tomas que demostraron los sectores.
El juez federal quilmeño Luis Arbella había ordenado el desalojo y la intervención estatal, tanto a nivel Nación como Ciudad, y frente a la falta de acciones conjuntas, la Asociación lanzó esta misiva, asegurando que "situaciones como la presente nos obligan a enfatizar el sostenimiento de nuestra inquebrantable defensa de la independencia del Poder Judicial y del respeto por la investidura y jurisdicción de los Magistrados, ante la improcedente intromisión de otros poderes públicos".
El ministro de Defensa, Julio Alak, había asegurado que la Policía Metropolitana era la encargada de intervenir en el conflicto, mientras que Mauricio Macri salió al cruce aseveró que "la seguridad de la ciudad de Buenos Aires le corresponde a la Policía Federal. Si no quieren hacerse cargo que nos traspasen los efectivos de la Federal".
Pablo Wilk, secretario del Juzgado Federal de Quilmes, que junto al juez Luis Arbella sigue la causa Riachuelo, declaró a DiarioJudicial.com: "No se puede incumplir la orden de un juez federal, ya que vivimos en un sistema de representación republicano y es importante que se respeten todos los poderes". Con respecto a la audiencia de mañana, dijo que "la Corte Suprema fijó el encuentro para demostrar que apoya la labor del juzgado en esta causa, tratando de generar de esta forma un empuje a los poderes políticos para que se tomen cartas en el asunto".
Es por eso que mañana, los estados Nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán que declarar qué avances hay en la causa y qué es lo que cumplieron hasta ahora de las resoluciones previstas en el fallo de julio de 2008. Además, expondrán el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, Anselmo Stella, y el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, que se encargarán de contar los problemas que se presentaron a la hora de realizar los controles exigidos por la Corte Suprema.