El Gobierno dispuso por decreto la creación de una comisión para la modificación parcial del Código Civil y Comercial de la Nación. La medida buscar "ajustar" y "actualizar" el articulado, que entró en vigencia en agosto de 2015.
Aunque sólo han transcurrido dos años y medio desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el Gobierno Nacional creó una comisión para modificarlo parcialmente.
“A partir de su aplicación y de la dinámica constante de la realidad, se evidencia la necesidad de efectuar ciertas modificaciones en su articulado, reformando algunos aspectos e introduciendo otros que no fueron considerados al tiempo de su redacción”, señala el decreto 182/2018, publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firmas del presidente Mauricio Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano.
La comisión estará integrada por los juristas Julio César Rivera, Ramón Daniel Pizarro, Diego Botana, Agustina Díaz Cordero, quien se desempeñará como secretaria académica, y Marcelo Alejandro Rufino quien actuará como secretario “ad hoc”. Todos desarrollarán su tarea en carácter “ad honorem”.
El cuerpo, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, deberá elevar al Poder Ejecutivo un anteproyecto del nuevo texto en un plazo de seis meses desde su constitución formal.
La decisión del Ejecutivo tiene por finalidad “actualizar la legislación nacional” y así “efectuar ajustes puntuales al Código”, que entró en vigencia a partir del 1 de agosto de 2015.
La comisión además "dictará su propio reglamento interno de funcionamiento y deberá articular su accionar con el 'Programa Justicia 2020' (…) a los fines de hacer uso de la plataforma digital del Programa, informar los avances del proyecto y recibir allí los aportes que aseguren la representación federal y pluralista de la sociedad".
El proceso de redacción “contará con el apoyo técnico y administrativo del Ministerio, el que dictará las normas complementarias, aclaratorias y operativas que resulten necesarias para el cumplimiento del presente acto", añade el decreto.
El cuerpo, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, deberá elevar al Poder Ejecutivo un anteproyecto del nuevo texto en un plazo de seis meses desde su constitución formal.