16 de Agosto de 2017

Edición 4350. ISSN 1667-8487

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17 de Agosto de 2017

Una familia judicial más grande por los delitos federales

En la última semana, la Corte Suprema habilitó a los Tribunales Orales Federales N° 7 y 8, que actualmente funcionan como los Tribunales Orales en lo Criminal N° 6 y N° 23.  Es gracias a la ley de “fortalecimiento” de esos cuerpos colegiados. El Consejo de la Magistratura fue el encargado de decidir cuáles tribunales iban a cambiar de fuero.

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 Diario Judicial

Por: Diario Judicial


Por medio de las Acordadas 18/2017 y 20/2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la “mudanza” de los Tribunales Orales en lo Criminal n° 6 y n°23, que pasarán a ser los nuevos Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal n° 7 y n°8.

Los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz cumplen así con lo dispuesto en la ley 27.307 de “Fortalecimiento de los Tribunales Orales”, que dispuso la transformación de un Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal, “cuya individualización sería realizada por el Consejo de la Magistratura”, los nuevos tribunales orales federales.

La norma, asimismo, determina que los nuevos tribunales se integraran con jueces del “tribunal oral en lo criminal transformado”. Todo ello, “de acuerdo con lo que estableciera el Consejo de la Magistratura por mayoría simple de sus miembros”. En la misma situación se encuentran “los funcionarios y empleados del tribunal alcanzado por la transformación”. El Tribunal Federal n° 8, recientemtente integrado, estará compuesto por los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Edith Namer y María Gabriela López Iñiguez

El Consejo de la Magistratura de la Nación, mediante las resoluciones n°110/2017 y 160/2017, hizo lo propio al disolver los tribunales orales en lo criminal y disponer su continuación en los nuevos tribunales federales.

"Es propósito de esta Corte proveer lo necesario para asegurar la correcta prestación del servicio de justicia, por lo que la puesta en funcionamiento del mencionado tribunal oral constituye una prioridad insoslayable”, sintetizaron los supremos.

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