23 de agosto de 2017

Edición 4354. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
24 de agosto de 2017

Gils Carbó, cruzá los dedos

Se complica aún más la suerte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, luego de que el fiscal federal Eduardo Taiano solicitara su declaración indagatoria por presuntas “irregularidades” en la adquisición de un edificio para el Ministerio Público Fiscal. Al mismo tiempo, el Gobierno nacional analiza la posibilidad de impulsar un decreto para desplazar a la jefa de los fiscales. 

Gils Carbó fiscales procuradora
Crédito: Ministerio Público Fiscal
 Diario Judicial

Por: Diario Judicial


La situación de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se complica aún más, tras conocerse la noticia de que el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que sea citada a declaración indagatoria por la compra del edificio de Perón 667.

Taiano consideró que se impone "la necesidad de averiguar la verdad de lo acontecido" en la adquisición del inmueble ubicado en la calle Perón 667. El juez federal Julián Ercolini deberá resolver si cita a la jefa de los fiscales, quien solicitó su sobreseimiento.

La compra del edificio se remonta a 2013, cuando la Procuración llamó a licitación pública para comprar un inmueble con determinadas características en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la compulsa se presentaron cinco oferentes y la adjudicación resultó favorable al edificio de la calle Perón 667, perteneciente a la sociedad Arfinsa SA por un monto total de $43.850.000. 

Dicha empresa contrató a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios para que intervenga en la venta del edificio, quien a su vez contrató como asesor al productor de seguros, Juan Thill. Tras ganar la compulsa, Jaureguiberry cobró una millonaria comisión que dividió con Thill por "el servicio de asesoramiento y gestiones encomendadas para la presentación de la licitación". Thill es hermano de Guillermo Bellingi, quien era subdirector general de la Procuración y hoy trabaja en el área técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

De este modo, el fiscal calificó de "escandaloso" que "Thill, beneficiado en el cobro de las comisiones vinculadas a la operación de venta, sea hermano de Guillermo Bellingi, Subdirector General de la Procuración y coordinador en la Secretaría General de Administración, quien tuvo intervención directa en el trámite licitatorio".

“El proceso licitatorio plasmado en el expediente A1011/2013 como el fracaso de su antecesor A8798/2012, obedecieron al direccionamiento en beneficio de la empresa Arfinsa como propietaria del edificio que resultó adjudicado y hoy integra el grupo de inmuebles de la Procuración”, sostuvo y añadió: "La mecánica puesta al servicio de millonarias comisiones, le aseguró a Arfinsa la adjudicación de la Licitación Pública”.

El fiscal también pidió que sean citados a declarar como imputados Guillermo Alfredo Bellingi, Héctor Zurita, Jorge Damanico, Osvaldo Leguizamón, Juan Thill, Bárbara Jaureguiberry, Ignacio Costa Urquiza, Adrián González Fisher, Pedro Donato Viceconte y Roberto Martino.

Desplazamiento por decreto

En las últimas horas, el Poder Ejecutivo comenzó analizar la posibilidad de impulsar un decreto para desplazar a la jefa de los fiscales. Al respecto, el diputado del Pro e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, "no descartó" la posibilidad de que el Gobierno pueda destituirla por decreto y aseguró que ya hay antecedentes.

Tonelli manifestó que “el deseo” del Ejecutivo “desde el primer momento” fue remover a la jefa de los fiscales, y recordó el caso del ex titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, quien fue destituido por el expresidente Carlos Menem.

La propuesta dejó al descubierto las diferencias en el bloque oficialista. Por las redes sociales, la diputada nacional Elisa Carrió pidió que "se respete a la constitución", y seguir los mecanismos legales. "O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político. Nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución", dijo Carrió.

Gils Carbó no se quedó callada y dijo que “no aceptaría un desplazamiento de su cargo mediante un decreto” por considerar que "sería un acto totalmente inválido".

"En lo que a la Procuración respecta, esto empezó en noviembre de 2015, cuando el entonces candidato y ahora presidente decía que yo tenía que renunciar si asumía, desconociendo el claro texto constitucional que establece que el Ministerio Público es autónomo e independiente y que no tiene que retirarse cada vez que cambie el gobierno", argumentó.

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