27 de julio de 2017

Edición 4336. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
28 de julio de 2017

Los dictámenes fiscales tienen que estar online

Muchos abogados se quejaron de que no se suben al Lex100 los dictámenes fiscales y el CPACF tomó cartas en el asunto: hubo pedidos ante la Corte Suprema para que interceda ante la Procuración General de la Nación. Desde el Máximo Tribunal se comprometieron a “analizar la situación”.

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Matías Werner

Por: Matías Werner


La irrupción del expediente digital modificó las prácticas tribunalicias para bien y para mal: una notificación puede ser cuestión de segundos y ya no hay más “maratones” por los distintos Juzgados los días de nota, aunque también la obligación de subir los escritos dentro de las 24 horas de presentados generan trabajo extra y algunos dolores de cabeza a los letrados.

En ese contexto, otra de las ventajas que tienen los letrados es que tienen disponible en formato online todas las providencias simples, autos y resoluciones dictadas por los distintos tribunales.

Pero su contraparte es que en muchas ocasiones no ocurre lo mismo con los dictámenes del Ministerio Público Fiscal. Ello conlleva que los abogados tengan que concurrir a los tribunales a efectos de anoticiarse de las opiniones de los fiscales y, llegado el caso, volver a solicitar fotocopias de las presentaciones como se hacía en un pasado no tan lejano. Las ventajas de la Justicia 3.0 no llegaron en su totalidad.

Ante ese escenario, y tras las quejas de varios matriculados, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en cabeza de su presidente, Jorge Rizzo, puso al tanto a funcionarios de la Corte Suprema de la necesidad de que el dictamen fiscal también pueda ser accesible en el sistema informático del Poder Judicial, el que, vale aclarar, depende del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Fuentes allegadas a las partes manifestaron a Diario Judicial que desde el Máximo Tribunal se comprometieron a “analizar la situación” y que se iba a remitir el planteo a la Procuración General de la Nación, recordando la obligación existente de “subir” los escritos al sistema. La misma se encuentra establecida por la Acordada 11/2014, que dispone que “tanto las partes como los auxiliares de la justicia deberán adjuntar copias digitales de sus presentaciones en el marco de los procesos judiciales”.

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