18 de agosto de 2017

Edición 4352. ISSN 1667-8487

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21 de agosto de 2017

Una solución ya para los vecinos del Riachuelo

El procurador fiscal ante la Corte, Víctor Abramovich, opinó que se debe revocar la sentencia que rechazó la relocalización de los habitantes de un asentamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo frente al ofrecimiento de un crédito por parte del Gobierno porteño. El dictamen consideró que se debe proveer una solución habitacional "inmediata, definitiva y adecuada", para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Riachuelo - Crédito: Luis Argerich
Crédito: Luis Argerich
 Diario Judicial

Por: Diario Judicial


El procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, opinó que se debe revocar la sentencia que rechazó la relocalización de los vecinos de un asentamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y consideró que el Gobierno porteño debe proveer una solución habitacional “inmediata, definitiva y adecuada”.

En 2004, un grupo de vecinos reclamó la recomposición del ambiente por la contaminación de la cuenca, lo que dio origen a la causa "Mendoza". En julio de 2008, la Corte Suprema ordenó procurar de manera simultánea el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención de daños.

En los autos “Acumar y otros c/ Asentamiento Lamadrid”, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, delegado para la ejecución de la sentencia del Máximo Tribunal, rechazó la solicitud de relocalización realizada por el Defensor General Adjunto de la Ciudad en representación de un grupo de vecinos del asentamiento Lamadrid del barrio de la Boca y por el Defensor Público Oficial en representación de los niños, niñas y adolescentes de ese asentamiento.

En el caso, los habitantes solicitaron que se ordene al Instituto de la Vivienda y a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que presenten una propuesta de relocalización que sea alternativa al crédito ofrecido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el magistrado rechazó la pretensión, al entender que son válidas las opciones crediticias brindadas.

Contra ese pronunciamiento, el Defensor Público Oficial manifestó que la opción del crédito ofrecida por el Instituto de la Vivienda “no satisface las necesidades de todos los habitantes”, dado que el monto “es insuficiente para comprar una vivienda en el barrio de La Boca, por lo que los vecinos se verían obligados no solo a abandonar su barrio de origen, sino incluso la Ciudad”.

El defensor enfatizó que “muchos de los habitantes del asentamiento no logran calificar para el crédito debido a la extrema precariedad de sus situaciones laborales”, y concluyó que “en ningún momento del proceso de relocalización se consultó, informó y escuchó a los grupos familiares sobre la alternativa habitacional ofrecida y, en particular, sobre su reubicación fuera del barrio de La Boca”.

En este escenario, el procurador Víctor Abramovich entendió que la solución propiciada por el Gobierno porteño -el otorgamiento de créditos como opción única y homogénea para todos los grupos familiares del asentamiento- “no es suficiente para satisfacer el derecho a la vivienda adecuada”.

Para Abramovich, “esa opción desatiende el derecho de las personas que no cumplen con los requisitos de acceso al crédito, a la vez que las obligaría a relocalizarse lejos de su lugar de residencia habitual”, y que “no configura un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Matanza Riachuelo en violación a lo dispuesto por la Corte”.

“Implica un apartamiento de las obligaciones asumidas por la Ciudad en las normas dictadas en su consecuencia, e incluso en las disposiciones locales dictadas a fin de atender la precaria situación habitacional del territorio donde se encuentra el asentamiento”, sostuvo el dictamen y añadió: “La alternativa crediticia debe ser complementada (…) con otras que contemplen la adjudicación definitiva de viviendas accesibles económicamente y ubicadas dentro del barrio”.

Y concluyó: “Una solución distinta implicaría otorgar un trato diferente a los pobladores del asentamiento Lamadrid respecto del resto de los habitantes de la cuenca en el ámbito de la Ciudad a quienes se les ha brindado el acceso a viviendas asequibles y, en general, en lugares cercanos a su centro de vida”.

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