El Máximo Tribunal llevó adelante una audiencia pública por el juicio entre La Pampa y Mendoza por el Rio Atuel. Es por el supuesto “uso arbitrario del agua del río” por parte de la demandada, que se defiende en un fallo de 1987 sobre la misma cuestión. Participaron los gobernadores provinciales y especialistas en geología, ciencias agrarias, recursos hídricos, además de los representantes de pueblos originarios.
Repitiendo la historia reciente, el Máximo Tribunal de Justicia llevó a cabo una nueva audiencia pública para tratar un caso. En esta oportunidad, le tocó el turno al expediente “La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas”, el juicio iniciado en 2014 por el uso que hace Mendoza del Rio Atuel, en lo que significó el debut de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la tradición de audiencias públicas instaurada en los últimos años.
Fueron cinco horas de audiencia en las que participaron once amicus curiae y varios oradores en representación de ambas provincias, entre los que se encontraban los gobernadores de ambos bandos: Carlos Verna y Alfredo Cornejo, y los fiscales de Estado de cada provincia. También estuvieron dos pesos pesados del derecho, Gregorio Badeni y Alberto Bianchi, quienes patrocinan a los dos contendientes.
La causa, iniciada en 2014, tiene como origen una disputa interprovincial de hace 70 años. Todo comenzó en 1947, con la inauguración del embalse El Nihuil, en San Rafael. La Pampa siempre denunció que Mendoza hizo un uso indebido de las aguas del afluente. Hubo un antecedente por la misma cuestión en 1987, donde la Corte, al declarar que el afluente es de carácter interprovincial, autorizó que Mendoza riegue hasta 75 mil hectáreas antes de liberar el cauce del rio hacia territorio pampeano.
Pero en 2014 La Pampa denunció que Mendoza incumplió el fallo y le pidió al Máximo Tribunal que se le prohíba a la provincia cuyana realizar obras de cualquier índole sobre el río y sus afluentes que impliquen “una alteración de la cantidad o calidad del agua que deba llegar a su territorio”. Mendoza, al contestar demanda, planteó una excepción de cosa juzgada motivada en lo que ya resolvió la Corte en 1987.
El gobernador Verna pidió directamente la "devolución" de las aguas que le fueron "robadas" a La Pampa. “A La Pampa le robaron un río. Mendoza nos obligó a vivir en un desierto”, denunció el gobernar. El representante de la Universidad Nacional de esa provincia fue más allá y calificó de "ocupación inglesa" el accionar de Mendoza. "Es hora de pasar de una ética del dominio a una del huésped", señaló el catedrático.
Cornejo, por su parte, se mantuvo en línea con los argumentos brindados por la provincia: “el criterio de Mendoza y de mi gobierno es que este es un tema que ya esta resuelto desde el año 1987, cuando la Corte habilitó a Mendoza a regar 75 mil hectáreas y el agua se ha ido agotando al igual que el caudal del río Atuel, además hay un cambio climático feroz que ha afectado en estos últimos 40 años a la montaña y glaciares, sin embargo Mendoza ha hecho muchísimos esfuerzos para lograr la eficiencia del agua, ha invertido en los últimos 30 años más de 120 millones de dólares puestos por la provincia de Mendoza y por los regantes, no han puesto fondos otras instituciones” sostuvo a su turno.
Los representantes de la comunidad indígena Nación Rankulche, un amicus curiae en representación de los pueblos originarios que habitan la zona, pidieron que vuelva el río Atuel por su cauce natural, “como era cuando vivían nuestros ancestros, dueños de las tierras".Pedro Andrés Coria, presidente del Consejo de Lonkos de Nación Rankulche alertó que en estas circunstancias la falta de agua “nos está obligado a migrar".