16 de Agosto de 2017

Edición 4350. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
17 de Agosto de 2017

Por el fin de las requisas degradantes

El fiscal Federal Javier De Luca interpuso un recurso extraordinario para que cesen las inspecciones vaginales en los penales por considerar que se trata de un delito contra la integridad sexual. 

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Crédito: Scott Hadfield
 Diario Judicial

Por: Diario Judicial


El titular de de la Fiscalía General Nº4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, interpuso un recurso extraordinario para que cesen las inspecciones vaginales en las cárceles. Su presentación responde a una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que le dictó la falta de mérito a un médico que llevó adelante esta práctica a una mujer que fue a visitar a su pareja.

En dicha causa, la mujer relató que fue a visitar a su marido a la Unidad Penitenciaria Nº 7 de Resistencia y, al ingresar, fue sometida a un control por parte del personal del lugar, quienes sostuvieron que el escáner arrojó una imagen sospechosa y la sometieron a una requisa vaginal delante de sus hijos y el resto del personal.

El fiscal expresó que el penal cuenta con con medios tecnológicos menos lesivos para ​el control de las visitas  y que, ante el hallazgo de una “imagen sospechosa”, debería​n​ haber tomado medidas que no lesionen el derecho a la intimidad de la mujer. De Luca agregó que “es inconcebible que una persona deba someterse a un control médico para poder visitar a su familiar detenido, aquella práctica constituye un abuso en sus derechos y hace a su integridad sexual y dignidad”.

El funcionario judicial afirmó que la práctica del médico del penal constituyó un abuso sexual gravemente ultrajante y que el dictado de una falta de mérito habla de un "enmascarado" cierre definitivo de la causa.

De Luca añadió que no se trató de un hecho de abuso sexual aislado, sino que "estamos ante una práctica habitual de las instituciones penitenciarias que atenta contra la dignidad de las personas, y ahí está la gravedad del asunto". Aclaró que este tipo de requisas resultan contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y por tanto antijurídicas.

"Con esto quiero demostrar que la repetición de estos casos no es una probabilidad sino un hecho, y hasta tanto no se comprenda la gravedad del asunto y se deslegitimen este tipo de prácticas seguirán ocurriendo, en desmedro –claro está– de los derechos individuales de las personas que concurren a diario a las instituciones carcelaria", resaltó el fiscal.

Por último, el funcionario expresó que "las medidas invasivas, además de estar prescriptas por ley, deben estar regidas por los principio de necesidad y proporcionalidad. Pues bien, entiendo que no existe proporción en realizar un procedimiento vejatorio (que atenta contra la integridad de la persona y su dignidad) con el fin de evitar que ingresen algún elemento prohibido a una cárcel".

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