26 de mayo de 2017

Edición 4294. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
29 de mayo de 2017

"Hot sale" en la Corte

Súperlunes para el Máximo Tribunal: se conoció que Elena Highton de Nolasco pidió siete días de licencia en plena crisis del "2X1". El abogado que denunció a los tres supremos por prevaricato pidió ser tenido como querellante y una de las víctimas del represor beneficiado con el fallo pidió la nulidad del pronunciamiento. Los resultados de una encuesta de Diario Judicial: respaldan el fallo de la Corte. “Aunque no guste deben ser respetado, votó la mayor parte de lectores. La CIDH, por si fuera poco, se sumó al repudio por el fallo.

Highton de Nolasco
Telam
Matías Werner

Por: Matías Werner


Pánico y locura en la Corte Suprema, que desde hace días ve alterada su rutina debido a que su decisión de conceder el “2x1” a un condenado por delitos de lesa humanidad generó una catarata de indignación que llegó incluso a pedidos de juicio político y denuncias penales, además del dictado de una ley para limitar los efectos del fallo votada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso.

Este lunes se conoció la noticia de que la vicepresidente del Máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco, pidió cinco días de licencia alegando “motivos personales”. Highton, se reincorporaría el próximo lunes y estaría presente para el martes, el día de la semana previsto para los acuerdos de la Corte.

Siguen llegando denuncias

Más temprano en la mañana el abogado Marcelo Parrilli, quien denunció a Highton y a los otros dos jueces que conformaron la mayoría en el fallo “Muiña”: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, por la presunta comisión del delito de prevaricato – acción penal que fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán- solicitó al Juzgado Federal de Daniel Rafecas ser tenido como parte querellante.

“La infracción legal que reprocho queda claramente expresada en los votos de los denunciados ya que, más allá de la referencia que en los mismos hacen a la naturaleza de los delitos por los cuales fuera condenado Muiña (de lesa humanidad y de carácter permanente), es evidente que, al aplicar al cómputo de la pena el criterio establecido en el art. 7 de la ley 24.390 están reduciendo la pena y violando expresamente la obligación, legalmente contraída por el Estado Argentino –y que ellos tienen la obligación de respetar en su cumplimiento-, de perseguir, investigar, juzgar y castigar adecuadamente delitos como el del caso que nos ocupa”, señaló PArrilli en su escrito, al que tuvo acceso Diario Judicial.

A su vez, Gladys Cuervo, una de las ex detenidas en el Centro Clandestino de Detención “El Chalet” que funcionaba en el Hospital Posadas – donde se cometieron los delitos por los cuales fue condenado el represor Luis Muiña- presentó un pedido de nulidad del fallo de la polémica. El argumento fue que en la sentencia se aplicó una norma derogada que genera pérdidas irreparables a las víctimas de delitos de lesa humanidad y un incumplimiento de las obligaciones internacionales.

LA CIDH, otra crítica de peso

Por medio de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) salió a expresar su preocupación frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia por entender que se aparta “de los estándares internacionales en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos”.

En el comunicado nº 60/17, el organismo de la OEA con sede en Washington manifiesta “su consternación por la interpretación y aplicación” realizada por los tres supremos “porque el beneficio se aplica a la persona encontrada culpable y sentenciada a prisión por haber cometido un crimen de lesa humanidad.

“La obligación conforme al derecho internacional de enjuiciar y castigar a los perpetradores de cometer graves violaciones a los derechos humanos se desprende de la obligación de garantía prevista en la Convención Americana. Los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persigue, que es el concepto de la humanidad como víctima. Los Estados tienen por lo tanto la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena”, criticó la CIDH.

Para la Comisión, la aplicación del 2x1 “u otros beneficios” no deberían servir “para desvirtuar la proporcionalidad de la pena para las personas responsables de crímenes de lesa humanidad. Su aplicación tornaría inadecuada la sanción que se impuso, lo cual es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos”. LA CIDH, por último, celebró también "que la voz de las víctimas se ha hecho escuchar en la defensa de los importantes avances que se han hecho en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura", y tomó de buena manera la sanción de la ley que "limita" el 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad 

La única encuesta que le dio bien a la Corte

Los números de la mayoría de los sondeos de opinión resultaron catastróficos para la Corte Suprema: cerca del 85% de los encuestados por distintas consultoras se mostraron en contra del fallo.

Sin embargo, los lectores de este medio se pronunciaron en su mayoría en favor del respeto a las decisiones de la Corte Suprema, se esté de acuerdo o no. El 59% de los que participaron del sondeo realizado por Diario Judicial se inclinó por opinar que lo decidido en “Muiña” lo votó la mayoría de la Corte “y aunque no guste debe ser respetado”.

Detrás de esa opción, llegan de lejos las dos opciones que representan las posturas más criticas al fallo del Máximo Tribunal, aunque sumadas tampoco logran desbarrancar a la mayoría que propició, según puede leerse de los resultados, un voto más “institucionalistas”

Es así que el 32% de los encuestados propicia que los ministros de la Corte que votaron a favor deban ser sometidos a juicio político, tal como solicitan abogados y legisladores de la oposición.

Muy atrás, con solo el 9%, se encuentran los que opinan que el fallo es inconstitucional, por lo que el Congreso, el Gobierno o incluso la CIDH deberían interponerse para evitar el beneficio a ex represores.

Al ponerse a analizar globalmente los resultados, puede observarse la preminencia de la postura que, pese a las críticas, defiende la validez de los fallos de la Corte, aunque cuestiona severamente que los tres supremos denunciados hayan adoptado esa decisión que motivó, días después la primera marcha multitudinaria en repudio a una decisión del Máximo Tribunal de Justicia.

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