El Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación ante la situación carcelaria del país y alertó respecto a los niveles de sobrepoblación. También advirtió sobre las consecuencias del proyecto de reforma de la Ley de Ejecución Penal, que imposibilita el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados, incluso por delitos no violentos.
El Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura (CAT) mostró preocupación sobre la situación carcelaria de la Argentina y reclamó medidas urgentes del Estado para "detener e investigar" las denuncias por tortura y maltrato.
En un informe de 11 páginas, el Comité de la ONU instó a “tomar medidas urgentes para evaluar las prácticas de tortura y maltrato en los centros de detención a nivel federal y provincial”, con el fin de “desarrollar las políticas de prevención necesarias y dispositivos de control internos y externos”.
En ese sentido, destacó la necesidad de "supervisar los procedimientos de registro personales y garantizar” para que “no sean degradantes para los detenidos o para los visitantes a los centros”. Además solicitó adoptar las medidas necesarias para “transformar el servicio penitenciario en un modelo institucional de naturaleza civil”, mediante su “profesionalización y transparencia en su actuación y separando de manera efectiva las funciones de seguridad y tratamiento de reclusos”.
El Comité también mostró su preocupación ante las denuncias por “violencia y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad en detenciones policiales sin orden judicial”, tales como las detenciones por averiguación de identidad y otras detenciones no vinculadas a conducta delictiva. Al mismo tiempo alertó sobre el elevado número de muertes en detención.
En cuanto a la población penitenciaria, el Comité señaló el "aumento sostenido" en los últimos años y consideró que “agrava los niveles de sobrepoblación ya existentes en varias provincias” y pone “en el estado de emergencia penitenciaria la provincia de Buenos Aires”. También alertó sobre la “degradación de las condiciones sanitarias, la deficiente alimentación y acceso a la atención médica y en la falta de separación entre personas condenadas y procesadas”.
Asimismo, el Comité advirtió respecto a la práctica de alojar a personas detenidas de forma prolongada en dependencias policiales. Puntualmente, el organismo de la ONU recordó el incendio ocurrido en marzo 2017 en la Comisaria 1 de Pergamino, Buenos Aires, en el que murieron 7 detenidos.
El documento resaltó el “elevado número de detenidos en prisión preventiva”, y mostró su “preocupación” ante el proyecto de reforma de la Ley de Ejecución Penal (24.660), que imposibilita el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados, incluso por delitos no violentos. Según el organismo, la iniciativa “impide la reinserción social e impacta en la sobrepoblación penitenciaria ya existente”.
Específicamente, el Comité de la ONU recomendó “evitar adoptar reformas legislativas que desnaturalicen el principio de progresividad en que se basa la reinserción social de los condenados, conforme a las normas internacionales”.