23 de Junio de 2017

Edición 4313. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
26 de Junio de 2017

Ariel Cejas Meliare. Director de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria.

“Los jueces de ejecución deben contar con equipos interdisciplinarios”

Ariel Cejas Meliare
Ariel Cejas Meliare
 Diario Judicial

Por: Diario Judicial


Ariel Cejas Meliare es abogado y director de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, a cargo de la organización y desarrollo de las acciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. En diálogo con Diario Judicial, Cejas Meliare advirtió sobre las dificultades y consecuencias del proyecto legislativo que busca modificar la Ley de Ejecución Penal (24.660) para limitar las excarcelaciones.

En el Congreso avanza un proyecto para modificar la Ley 24.660, ¿Cuál es la posición de la Procuración Penitenciaria?

En principio consideramos que las modificaciones van a traer una mayor sobrepoblación dentro de las cárceles, lo que deriva en más violencia y muerte. Específicamente entendemos que no se puede legislar de igual forma para todos los delitos, ya que no podemos meter en una misma bolsa, por ejemplo, los delitos graves, los económicos y los no violentos. Hacemos mucho hincapié en el espíritu de la Ley 24.600, de la Constitución Nacional y de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos respecto a la resociabilización y la reinserción de la persona en el medio libre. Argentina tiene una tradición en ese sentido, y no puede ser que estemos legislando para atrás. No concebimos la idea que no haya egresos anticipados, libertad condicional y libertad asistida, sobre todo en delitos no violentos. Por ejemplo, nos parece muy grave que las mulas, que son el eslabón más pequeño de la cadena del narcotráfico, no tengan la libertad condicional. Lo que hacemos es criminalizar aún más a los pobres.

Los legisladores dicen que el proyecto traerá aparejado mayor seguridad…

La iniciativa no trae más seguridad, sino más inseguridad y violencia. Entendemos que puede existir una mirada diferente con los grandes delitos como el secuestro extorsivo seguido de muerte, la violación, la violación seguida de muerte y el homicidio en ocasión de robo. De hecho, ya se legisló en ese sentido, dado que estos delitos no tienen período de prueba, sin embargo, la situación sigue igual y la gente no dejó de delinquir. Está comprobado que el agravamiento de la pena no hace a la deserción del delito.

¿Podría judicializarse?

Sin ninguna duda pueden surgir planteos de inconstitucionalidad. Considero que es un error hacer política con casos emblemáticos, que son muy duros y aberrantes. No se puede legislar al compás de un caso en particular. Repudiamos estos hechos, pero no se pueden resolver todos los problemas con el martillo.

¿Cuáles podrían ser otras alternativas? 

Planteamos una ley de cupos, que nos permite trabajar con los delitos más graves. También hay que dotar de oralidad y más agilidad a los procesos de ejecución. En la provincia de Chubut, por ejemplo, cuando una persona solicita salidas laborales, el juez cita al fiscal, al defensor, al detenido, a la víctima y al empleador. El magistrado escucha a todas las partes y en un día decide. Acá las libertades condicionales salen meses atrasadas, las libertades asistidas salen cumplidas y las salidas laborales tardan un montón.

Los equipos interdiciplinarios, ¿Podrían ser una herramienta?

Los jueces de ejecución tienen que tener equipos interdisciplinarios que los ayuden a analizar, por ejemplo, los informes criminológicos. La ley que crea a los jueces de Ejecución Penal lo establece, pero nunca fueron puestos en funcionamiento.

Y respecto al Patronato de Liberados…

También hay que dotar al Patronato de Liberados de estructura y presupuesto para el trabajo y control postpenitenciario, para la reinserción una vez que la persona egresa de la cárcel o durante el período de prueba hasta que sale. Hay que dotar a la Justicia de más herramientas, no sacárselas para dársela a la administración penitenciaria. Desde la Ley Blumberg hasta el 2015, el Congreso sancionó gran cantidad de leyes restrictivas, muchas impulsadas por el Ejecutivo. Si siempre cometemos el mismo error y seguimos por el mismo camino, vamos a tener el mismo resultado. Hay que tener voluntad política y una decisión marcada hacia dónde vamos.

¿Cuál es la situación carcelaria en el país?

Hay focos de sobrepoblación, pero no hay hacinamiento, por ahora. Y digo por ahora, porque si seguimos con este tipo de políticas sí la vamos a tener en la provincia de Buenos Aires. En el interior del país, Córdoba y Mendoza están muy complicadas. A pesar de todo, el sistema federal es lo mejorcito dentro de las cárceles de nuestro país, pero de ninguna manera nos podemos quedar tranquilos ni mucho menos, dado que en 15 años se duplicó la población en las cárceles federales. En 2000, teníamos 6.500 presos en las cárceles federales y hoy tenemos más de 11.200. La tasa carcelaria en nuestro país ha aumentado muchísimo y con este tipo de políticas se va a duplicar.

¿Qué hay de cierto cuando se afirma que existe “una puerta giratoria” en las cárceles?

El crecimiento de la población carcelaria te demuestra que no es así. 

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