26 de mayo de 2017

Edición 4294. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
29 de mayo de 2017

Consejo de la Magistratura de la Nación

Los jueces laborales no tienen respiro

La Comisión de Disciplina requirió nuevas medidas de prueba en el expediente contra los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Graciela Marino y Enrique Arias Gibert. Los vocales están acusados de "mal desempeño" tras fallar a favor del cumplimiento del acuerdo salarial de los bancarios.

Comisión de Administración y Financiera - Crédito: Consejo de la Magistratura
Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura
 Diario Judicial

Por: Diario Judicial


La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó, por mayoría, un nuevo pedido de medidas de prueba en el expediente contra los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Graciela Marino y Enrique Arias Gibert.

El consejero Miguel Piedecasas, quién instruye la denuncia, solicitó nuevas medidas de prueba, argumentando la necesidad de "obtener todos los elementos" para definir si avanza con la investigación y solicitar el juicio político, o pedir su desestimación.

A su vez, los representantes del estamento de los magistrados, Leónidas Moldes y Luis María Cabral, presentaron un dictamen desestimatorio que se suma al impulsado por el senador del FpV Ruperto Godoy. 

El expediente contra los camaristas laborales se originó por una denuncia del Ministerio de Trabajo, comandado por Jorge Triaca, tras el fallo que determinó la “obligatoriedad cautelar” del cumplimiento del acuerdo salarial firmado con el gremio bancarios el 23 de noviembre y ordenó al gobierno que "no interfiera" al respecto mientras el convenio salarial "esté en conocimiento judicial".

La cartera de trabajo acusó a los vocales de “mal desempeño de sus funciones, falta de idoneidad, negligencia grave en el ejercicio del cargo, arbitrariedad e incumplimiento de la Constitución”. También le imputó presunto "desconocimiento inexcusable del derecho, violación a la garantía constitucional de división de poderes y al principio de congruencia, arbitrariedad y falta de imparcialidad”.

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