Una acordada de la Corte Suprema dispone el traslado de los Juzgados Penales ubicados en el Palacio de Justicia. Todavía no se eligió el lugar donde funcionarán en el futuro, ya que se aguarda la aprobación de un proyecto de “reorganización de sedes judiciales”. También se le comunica al Ministerio de Justicia que ya no quiere tener la Alcaldía de Tribunales y le otorga a la Cámara del Crimen la superintendencia del lugar.
Parafraseando el dicho popular, para la Corte Suprema muchos fueros en un edificio hacen mucho garabato. Todo el que concurre al Palacio de Justicia de Talcahuano 550 puede dar fe de ello: en el mismo edificio coexisten Tribunales tan disímiles como la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Juzgados Civiles y Juzgados de Instrucción.
Pero por el contrario, el fuero Penal Ordinario tiene Juzgados y Tribunales dispersos por toda la Ciudad de Buenos Aires. A los Juzgados de Instrucción de Talcahuano 550 se les suman los ex Correccionales – ahora de Instrucción- de la calle Lavalle, los Tribunales Orales de la calle Paraguay, la Cámara del Crimen en la calle Viamonte y la nueva Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, ubicada en Talcahuano al 600.
Para aliviar la situación, la Corte Suprema de Justicia decidió tomar cartas en el asunto y dio el primer paso para la “unificación” del fuero Criminal y Correccional: por medio de la Acordada 8/17 dispuso en el traslado de los tribunales con competencia en materia penal ubicados en el Palacio de Justicia, pero aún no decidió dónde.
Los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenktrantz reconocieron “los inconvenientes que provoca la dispersión de organismos judiciales de un mismo fuero en distintos edificios del Poder Judicial de la Nación”, a los que se suman otros “no menos graves como la falta de espacio”, son una “preocupación permanente” dentro de la Corte.
El nuevo sitio de los Juzgados Penales se determinará conforme el “proyecto de reorganización de sedes judiciales” que oportunamente aprobará el Tribunal Supremo. Dentro de esa reorganización también entra la ubicación de la Unidad n° 28, la “Alcaldía de Tribunales”.
La Alcaldía, conocida como “Centro de Detención Judicial”, funciona en el subsuelo del Palacio de Justicia. Ese espacio es cedido por la Corte Suprema al Ministerio de Justicia desde el año 1981. En la Acordada, el Máximo Tribunal le hace saber a la cartera conducida por Germán Garavano su voluntad de dejar sin efecto la cesión del uso del espacio donde funciona el centro de detención
Los supremos no evitaron criticar el actual estado de la Alcaldía, al señalar que “las circunstancias han variado sustancialmente desde el momento en que fue formalizado el mencionado convenio”, ya que “con prácticamente la misma estructura, desde entonces ha aumentado exponencialmente la cantidad de detenidos que quedan alojados en esa unidad en condiciones inapropiadas”. En tal sentido, el tirón de oreja también recae sobre el Servicio Penitenciario Federal, que fue intimado a garantizar “las condiciones dignas de detenci6n a las personas alojadas allí transitoriamente”.
El Máximo Tribunal también modifica en la acordada la “estructura de control” del centro de detención. Es que le delegó las funciones de superintendencia sobre ese espacio a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal “a los fines de controlar su funcionamiento y las debidas condiciones de detención”. Dentro de esas funciones, también la dirección del personal del SPF que se encuentra prestando funciones en la alcaldía, antes denominada "Policía del Palacio".