El 75 % de los lectores que votaron en la encuesta de Diario Judicial opinaron que el Procurador General de la Ciudad debía haber intervenido de oficio por los piquetes y cortes en las distintas arterias de la Capital Federal. En los últimos días recrudeció la práctica de los cortes en la Ciudad de Buenos Aires que es utilizada para visibilizar reclamos también de otros lugares del país.
Mucho se ha debatido acerca qué debe entenderse por flagrancia. Lo que está fuera de duda es que la obstrucción a la libre circulación transmitida por todos los canales de televisión y vivida en carne propia por miles de ciudadanos, merece una intervención de las más altas autoridades de los poderes públicos encargados de preservar el respeto a la ley.
La Procuración General de la Ciudad a cargo de la estructura de la acusación pública en el ámbito metropolitano, ni siquiera explicó por qué no tomó acciones durante los innumerables cortes que sufrieron quienes intentaron circular por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el pasado mes de marzo.
La práctica, que nació en nuestro país de la mano de la gravísima crisis del 2001, se utiliza cada vez más. Los primeros meses del año tuvieron a los piquetes al frente de los problemas de quienes viven y trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con la excusa de que cortando calles se visibiliza un reclamo, la práctica, abiertamente inconstitucional, se ha vuelto de una habitualidad desesperante. A veces bastaban 40 o 50 personas para interrumpir la circulación de diversas arterias, muchas veces armados de piedras y palos y con las caras tapadas. La 9 de Julio y la intersección de las avenidas Corrientes y Callao, fueron de las más castigadas.
Las fuerzas de seguridad son conscientes de que constituyen el hilo más delgado del mecanismo estatal para hacer cesar tan disvaliosas conductas. Sólo esperan órdenes claras que respalden su accionar.
La protesta y el derecho de manifestarse están amparadas por la Consitución Nacional, pero también está protegido el derecho a la libre circulación. El problema surge cuando colisionan ambos derechos.
La ley obliga a los fiscales a instar las acciones frente al conocimiento de un delito, y cortar una calle es un delito. Cuando el hecho es público y notorio, exhibido en una virtual cadena nacional por todos los canales de TV, con un surtido flamígero de delitos, debería haber más intervención de fiscales.
Según nuestros lectores, la Procuración General de la Ciudad, a cargo de Luis Cevasco, no estaría a la altura de las circunstancias.
Tanto la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, como el presidente Mauricio Macri han aclarado que este, el que sucede dentro de los límites de la General Paz, es un conflicto que debe resolver la Ciudad. Y no basta con la Policía. Tampoco basta con las autoridades políticas. Se necesita la directriz y el rumbo de la Justicia que a través de sus fiscales encarna la protección de los intereses de los ciudadanos.