Por decreto, el Poder Ejecutivo dispuso desclasificar la totalidad de las notas, informes y resoluciones vinculadas a la investigación del atentado a la AMIA, que serán entregadas tanto a las querellas intervinientes como a la Unidad Especial de Investigación. A su vez, el Congreso inicia la próxima semana el debate del proyecto de ley para incorporar el juicio en ausencia.
El Gobierno nacional decidió la desclasificación de la totalidad de las notas, informes y resoluciones vinculadas a la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas.
Mediante el decreto 229/2017, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo hizo lugar a lo solicitado por la Unidad Fiscal AMIA y, en consecuencia, desclasificó la “totalidad de la documentación o archivo relacionado o que pudiere resultar de interés para la investigación del atentado”. La resolución lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos, y del ministro de Justicia, Germán Garavano.
El Gobierno, además, instruyó a la Unidad Especial de Investigación del atentado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que “intervenga en el proceso de digitalización y catalogación de la documentación”, y se dispuso “optimizar los procesos de compulsa y relevamiento de la documentación, informes y archivos desclasificados”.
Esta medida se suma a la presentación del anteproyecto de ley para incorporar al sistema jurídico el juicio en ausencia. “El Estado de Derecho no debe ceder ante aquellos que pretenden la impunidad a través de la rebeldía, vale decir ante aquellos que hacen del subterfugio su estrategia procesal”, señala el texto.
La propuesta legislativa busca una “solución jurídica” para las víctimas del atentado a la AMIA, “satisfaciéndose al mismo tiempo, derechos constitucionales tales como el de conocer la verdad y ejercer sus pretensiones en juicio”. El documento fue elaborado por el secretario al frente de la Unidad Especial de Investigación de AMIA, Mario Cimadevilla, y el aporte de los distintos bloques parlamentarios.
La iniciativa también contempla su aplicación a crímenes transnacionales previstos por el Estatuto de Roma, a delitos incluidos en la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y a convenciones a las que la Argentina pueda adherir en el futuro dándoles rango constitucional.
En sus fundamentos, el proyecto destaca que “no se vulnera el derecho de defensa a condición de que se brinden garantías suficientes de que el requerido pueda ser sometido a nuevo juicio en su presencia", y concluye que "no existe reparo desde la perspectiva jurídico constitucional para no admitir la regulación del juicio en ausencia”.