El pedido del Ministerio de Trabajo de la Nación de iniciar un juicio político contra los camaristas del Trabajo Graciela Marino y Enrique Arias Gibert se coló en el Plenario del Consejo y despertó duras críticas de los consejeros. El próximo jueves se resolverá la acumulación de los expedientes y la Comisión de Disciplina deberá decidir si se solicitan medidas de prueba.
La discusión por el pedido de juicio político contra los jueces integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, finalmente llegó al Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación.
La semana pasada, el Ministerio de Trabajo solicitó la remoción de los camaristas, a quienes acusó de presunto “mal desempeño de sus funciones, falta de idoneidad, negligencia grave en el ejercicio del cargo, arbitrariedad e incumplimiento de la Constitución”.
Desde la cartera que encabeza Jorge Triaca sostuvieron que los vocales –quienes fallaron en favor de la paritaria bancaria- actuaron en "desconocimiento inexcusable del derecho, violación a la garantía constitucional de división de poderes, y falta de imparcialidad”.
Las reacciones tras conocerse las denuncias no tardaron en llegar. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJM) y la agrupación Justicia Legítima salieron en defensa de los jueces y rechazaron la denuncia, al entender que se utilizó como argumento el “contenido de la sentencia” para pedir la remoción.
De igual manera, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) envió una nota al cuerpo solicitando que se “desestimen” las denuncias de manera “inmediata”, dado que la demora “perjudicaría” a los magistrados.
Tras el sorteo, el consejero Miguel Piedecasas tendrá a su cargo la instrucción del expediente 14/17 contra el juez Enrique Arias Gibert, mientras que Luis María Cabral llevará adelante el expediente 15/17 contra su colega Graciela Marino. El próximo jueves se resolverá la acumulación de las presentaciones y la Comisión de Disciplina deberá decidir si se solicitan medidas de prueba.
En este marco, la consejera-juez Gabriela Vázquez pidió la palabra y requirió constituirse en comisión para tratar las denuncias y así poder elevar un dictamen desestimatorio al Plenario. Sin embargo, Vázquez no consiguió los votos necesarios para tratar la cuestión en el orden del día.
En tanto, el diputado nacional Rodolfo Tailhade afirmó que la presentación “busca disciplinar” y “amedrentar” a los magistrados porque “fallaron a favor de los trabajadores”; mientras que el consejero académico Daniel Candis manifestó su preocupación y sostuvo que la denuncia “es un tema estrictamente jurisdiccional” y “no tiene ningún tipo de fundamento”.
En respuesta, el representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques, argumentó que a los expedientes "se les debe dar el trámite como a cualquier otra denuncia”, y argumentó que “no existe” ningún tipo de “disciplinamiento” por parte del Poder Ejecutivo.
Luis María Cabral, consejero en representación del estamento de los jueces, aseguró que "los magistrados están preocupados" por el pedido de juicio político contra sus colegas laboralistas, ya que aparece como "una respuesta al contenido de la sentencia”.
“Un secretario del Ministerio de Trabajo dijo que era un ‘correctivo’, y esto nos preocupa”, sostuvo el consejero, pero aclaró que "se deben llevar adelante, en la forma que corresponde, todas las denuncias y todas las defensas”.
El Plenario fue presidido por la titular del Cuerpo, Adriana Donato, y contó con la presencia de los consejeros Daniel Candis, Luis María Cabral, Virginia García, Ruperto Godoy, Juan Mahiques, Leónidas Moldes, Miguel Piedecasas, Ángel Rozas, Rodolfo Tailhade, Pablo Tonelli, Gustavo Valdés y Gabriela Vázquez.